Dictadura, democracia y diversidad sexual

La Dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976 instauró no sólo un autoritarismo político sino también moral. La represión al movimiento popular no excluyó la persecución a lesbianas, gays y personas trans como parte de los dispositivos de disciplinamiento de la sociedad, principalmente de la juventud. A 31 años de la recuperación democrática y desde los importantes avances en materia de memoria, verdad y justicia; es necesario reflexionar sobre la historia de la violencia institucional que aún hoy se ejerce sobre la comunidad LGBTI.

La represión de la dictadura cívico militar hacia las personas LGTBI no ha sido procesada socialmente ni ha formado parte de ninguna causa judicial. Sin que hubiera transcurrido un año del golpe, el Grupo Nuestro Mundo (antecesor del Frente de Liberación Homosexual) denunció ante los medios de comunicación los arrestos arbitrarios que sufrían los homosexuales bajo la dictadura y cómo se los obligaba a firmar declaraciones incriminatorias amparadas en edictos policiales como el “2 H”, que “pena  a personas de uno u otro sexo que públicamente incitaran o se ofrecieran al acto carnal”.  En 1981 el escritor Néstor Perlongher realizó denuncias similares, en las que señaló la existencia de una “limpieza moral”.

Hacia el final de la Dictadura, las razzias avanzaron incluso hasta los lugares que eran considerados relativamente seguros para gays y lesbianas. En febrero de aquel mismo año, la Prefectura irrumpió en una isla del Tigre y detuvo a 340 homosexuales.  Otros 20 fueron arrestados meses más tarde durante un operativo que llevó a cabo la Policía Federal en la Plaza Dorrego del barrio de San Telmo. La justificación policial fue que “hay mucha gente amoral, homosexuales y ese tipo de gente en la Plaza” según publicó en esa oportunidad el Buenos Aires Herald.

En 2011, Valeria Ramírez fue la primera persona trans en declarar ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), al brindar el testimonio de su detención en el centro clandestino conocido como “El Pozo” de Banfield.

Por eso entre las asignaturas pendientes, y en el marco del derecho a la verdad, reivindicamos el derecho a saber qué pasó con los detenidos desaparecidos LGTBI, cómo influyó la orientación sexual e identidad de género en la represión. Queremos que se reconstruyan sus historias militantes e indagar sobre la relación entre homofobia y organizaciones populares.

El restablecimiento institucional fue un proceso tan frágil como condicionado. Pero aún ya afianzada la democracia y a pesar de la igualdad ante la ley que declara para todos los habitantes nuestra constitución nacional, lesbianas, gays, bisexuales y trans no fuimos reconocidos en los mismos derechos sino hasta hace muy poco tiempo. Esto constituyó un déficit democrático que fue tan naturalizado como invisibilizado.

Ubicar las reivindicaciones del movimiento LGTBI en el marco de los derechos humanos fue un largo proceso. Durante muchos años la diversidad sexual y de género no fue parte de la agenda y se limitó a la órbita de la salud y el VIH en el debate público, donde se patologizó y criminalizó a nuestras identidades. En este sentido, la decisión de la Organización Mundial de la Salud de retirar la homosexualidad de su listado de enfermedades mentales en 1990, contribuyó a correr el eje del plano médico y acercarlo al terreno de los derechos humanos.

El Estado llegó incluso a negar el derecho de asociación a lesbianas, gays y trans, situación que no fue revertida sino hasta el año 1991, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó otorgarle la personería jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina y en 2006 a la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual.  Los artículos de los Códigos Contravencionales y de Faltas que penalizaban la homosexualidad y el travestismo, que dieron lugar a innumerables detenciones arbitrarias y torturas, fueron eliminados el año siguiente.

Pero aún hoy se utilizan otras figuras abiertas, como la averiguación de identidad o antecedentes o el ejercicio de la prostitución, para perseguir a la población LGTBI; especialmente a personas trans. Las detenciones funcionan como un modo de disciplinamiento social que pretende establecer un patrón valorativo sobre la  actitud, la vestimenta y el aspecto de las personas que pasan a ser sospechosas según el criterio policial. Una de las finalidades de estos dispositivos es la expulsión del espacio público de quienes recurren a él para subsistir para luego habilitar su uso bajo coerción a cambio de coimas.

La lucha de los organismos de derechos humanos, la derogación de las leyes y decretos de impunidad y el posterior inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad, le dieron un marco de posibilidad a la inclusión en la agenda pública de otras reivindicaciones, como las de la diversidad sexual. En un contexto de ampliación de derechos la lucha del movimiento LGTB hizo sinergia con la política y el 15 de julio de 2010 nuestro país dio una vuelta de página en su historia, se convirtió en el décimo país en el mundo y el primero en América Latina en reconocer por ley el derecho a contraer matrimonio civil a las parejas del mismo sexo. Dos años más tarde se aprobó la Ley de Identidad de Género, primera en el mundo en eliminar todo carácter patologizante en sus procedimientos que vino a reparar, en alguna medida, décadas de exclusión de los derechos más básicos de la población trans.

La sanción de estas leyes comenzó a revertir la peor forma en la que se expresa la discriminación: la institucional, generada por el propio Estado cuando “obstruye, restriñe o de algún modo menoscaba el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional”. El desafío actual es transformar la igualdad jurídica conquistada en una igualdad social, una igualdad real. Una sociedad en la que ser lesbiana, gay, bisexual o trans no sea mejor o peor; donde podamos expresar en libertad nuestras identidades sexuales sin pagar costos en los ámbitos de sociabilización como el núcleo familiar, la escuela, el trabajo o el espacio público.

Por eso, a 39 años de la última dictadura cívico militar volvemos a marchar. 100% Diversidad y Derechos convoca a movilizarnos este 24 de marzo. Marcharemos con las banderas de la diversidad, sumandonos al reclamo histórico de memoria, verdad y justicia, junto a Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas e HIJOS.

Nos encontramos este martes 24 de marzo a las 14hs en Av. de Mayo y Tacuari. ¡Te esperamos!

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