Hace unas semanas, repudiamos el accionar ilegal de agentes de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, que golpearon y detuvieron a l*s compañer*s Diana Sacayan y Martín Lanfranco, activistas LGBTI, en plena Av. 9 de Julio.
Sin embargo, esto no representa un hecho aislado o fortuito, la violencia institucional hacia el colectivo LGBTI, principalmente hacia las personas trans, es uno de los más antiguos y extendidos reclamos de nuestro movimiento.
La democracia retornó hace 32 años a nuestro país y aún las instituciones del sistema penal –fuerzas policiales, servicio penitenciario, jueces/zas y fiscales- perpetúan prácticas violentas, discriminatorias e ilegales hacia las personas travestis, transexuales y transgénero.
Hasta hace no muy poco, este accionar además estaba amparado en la normativa, a través de los “edictos policiales” o figuras “abiertas” que penalizaban distintos tipos de expresión de género y/o el ejercicio de la prostitución. Lamentablemente, en varias provincias persisten estas fórmulas que amparan, sobre todo, detenciones de personas trans por parte de fuerzas de seguridad.
Por supuesto, estas violencias se extienden a otras instituciones como las del ámbito de la salud o los medios de comunicación, por ejemplo. Sin embargo, el sistema punitivo resalta no sólo por su gravedad –torturas, privación ilegítima de la libertad, etc- sino por su rol estigmatizante que se propaga hacia toda la sociedad, etiquetando a l*s trans como personas “antisociales”, “enfermas”, “delincuentes”.
Así como sucede con las y los pibes de los barrios humildes, las personas trans son percibidas, mediante esta estigmatización, como ciudad*s “peligros*s”, lo que conlleva no sólo a las consecuencias antes descriptas sino un obstáculo poderoso para el ejercicio de sus derechos a la educación, el trabajo, la salud, vivienda, etc.
Resulta sobre todo aún más indigno para un Estado constitucional de derecho, que esta violencia institucional se centre en un colectivo atravesado por la condición de pobreza estructural, excluido desde temprana edad del sistema educativo, vejado por las instituciones de la salud, imposibilitado de acceder a un trabajo formal, violentado en su más básico derecho a ser un*s mism*.
Muchísimo se ha avanzado en el campo de legislación y debemos celebrar con mucha fuerza la ley de identidad de género y otras medidas protectorias hacia las personas trans. Esto es el resultante de las luchas de las organizaciones LGBTI y de la cristalización de un momento histórico donde existe decisión política en erradicar las discriminaciones.
No obstante, nuestro movimiento, las instituciones y la sociedad toda debe interpelarse permanente sobre la transfóbia que nos entrecruza, que internalizamos y que recorre nuestros cuerpos y discursos.
Debemos fortalecer, además, las voces trans, empoderar a l*s propi*s protagonistas de esta lucha, que avizora el recorrido de un camino que no parece sencillo. Pero de eso, justamente de eso, no nos vamos a asustar las personas sexualmente “disidentes”. Nunca lo hicimos, con orgullo y visibilidad, seguiremos construyendo una sociedad de iguales, celebrando las diversidades.
100% diversidad y derechos 