Carta abierta de la CHA y 100% Diversidad y Derechos: NO al proyecto de reforma de modificación del Ministerio Público Fiscal

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A las líderes políticas y los líderes políticos
A todos los bloques parlamentarios
A las y los legisladores nacionales
A las y los líderes sociales

Las organizaciones LGBT que trabajamos para que se garantice el derecho de acceso a la justicia de nuestros colectivos sociales, expresamos nuestra profunda preocupación y hacemos un urgente llamado público a las y los grandes líderes políticos y sociales, y a todos los bloques políticos de la oposición a no continuar acompañando el  proyecto parlamentario para reformar el Ministerio Público Fiscal de la Nación en los términos actuales, a interiorizarse y reflexionar más detenidamente sobre el gran daño a las instituciones que representa esta posible reforma que disminuye la autonomía y la independencia del Poder Judicial.

Para todos los grupos vulnerados, para el colectivo de mujeres, para el vasto sector de habitantes del país que vive en condiciones de vulnerabilidad social y de pobreza, y también para nuestra comunidad LGBTI esta propuesta legislativa significa un gran daño social y nuevamente nos coloca a todos nuestros grupos y sectores en el mismo lugar en que estábamos hace diez años atrás, el lugar de las y los olvidados y perjudicados en nuestro derecho ciudadano de acceso a la justicia.

Desde principios de este año, las más importantes organizaciones de derechos humanos con trabajo en acceso a la justicia, junto a un gran número de destacados juristas y de fiscales, hemos alertado que esta propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo, tratada ahora con matices, pretende eliminar de plano las conquistas sociales de los últimos años, como lo son la creación de muchas de las Unidades Fiscales Especializadas de Investigación, como la de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños(UFISEX), entre otras. También borra de un plumazo procuradurías, como la PROCUVIN, la Unidad de Investigación de Apropiación de Niños y Niñas durante la Dictadura Militar y la Unidad de investigación de Secuestros Extorsivos, entre otras). El proyecto también elimina Direcciones Generales, como la Derechos Humanos y los ATAJOs.

Otro de los aspectos alarmantes es el recorte de la autonomía que otorga la Constitución Nacional al Ministerio Público Fiscal. Pretenden colocarlo bajo la órbita de control funcional de una Comisión del Poder Legislativo y cederle al Poder Ejecutivo la facultad de intervenir e integrar el jurado para elegir fiscales. La reforma también le otorga al Procurador General una novedosa e inédita facultad de poder reemplazar al fiscal de una causa “dada su complejidad”, restándole autonomía a la investigación de todo fiscal de causas complejas, como por ejemplo las causas de delitos de lesa humanidad o de evasión fiscal e impositiva.

Finalmente está avanzada contra el MPF pretende desconocer también los avances en materia de equidad de género imponiendo requisitos para ciertos cargos, que en la práctica favorecen muy claramente a fiscales varones de más de 50 años, muchísimos de los cuales llegaron a sus cargos nombrados discrecionalmente y sin pasar por un concurso en su momento y que hoy, por el solo mérito de edad y “permanencia” en esos cargos, se impondrían sobre fiscales jóvenes idóneos e idóneas cuyos pliegos han sido aprobados por el Senado. Dados estos nuevos requisitos de permanencia, quedarían afuera al igual que la mayoría de las fiscales mujeres. Debe notarse, por ejemplo, que hay solamente 6 (seis) mujeres fiscales en todo el país que actualmente cumplen esos requisitos para concursar para Fiscal General, entre otros cargos en el que número de mujeres será nuevamente mínimo o nulo.

Hacemos este llamado público a las y los líderes a intervenir, alertando que las organizaciones sociales estamos asistiendo a una reforma legislativa extremadamente politizada, y que no puede invocarse una necesidad de “acompañar una gobernabilidad” en una propuesta de reforma estructural de un organismo judicial, que trae aparejado y de manera irreversible tal daño a los grupos y sectores sociales históricamente postergados en la Justicia, y un ataque a la independencia y autonomía de las investigaciones fiscales. Y a la Justicia.

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