Modificación de la Ley de Migraciones: Un retroceso para la democracia

Desde 100% Diversidad y Derechos, rechazamos el Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2017, que modifica la Ley de Migraciones (25.871); ante su inminente tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación.  Nos sumamos a las voces que piden al Congreso que este decreto no siga en vigencia y que no permita el retroceso en las leyes y  políticas migratorias que hacen a la identidad de nuestro país en el respeto a los derechos de lxs migrantes.

El DNU 70/2017 asocia en sus fundamentos al migrante con el delito en general y con la narcocriminalidad en particular, y despliega datos estadísticos que estigmatizan a la población migrante y que no están adecuadamente analizados y contextualizados. Estos fundamentos anticipan modificaciones contrarias a la propia ley,  que establece el derecho a la migración como esencial e inalienable de la persona (art. 4°) y obliga al Estado a la  “adopción e implementación de medidas tendientes a regularizar la situación migratoria de los extranjeros” (art. 17).

En lugar de regularizar situaciones migratorias en pos de la seguridad jurídica, tanto de migrantes como de toda la población;  se busca que las infracciones administrativas sean perseguidas como delictivas y motiven la expulsión del país de la persona migrante.

Tampoco se respeta el derecho a la presunción de inocencia, ya que será suficiente con un procesamiento firme de cualquier delito con pena privativa de libertad (aún condicional, no delitos graves) para determinar la expulsión del/la migrante. De esta forma, se agrava  la criminalización y persecuciones que gran parte de la población migrante sufre por parte de las fuerzas de seguridad: abundan las causas que luego no tienen condena o tienen resultado de absolución. A partir del decreto podrán sumar a la victimización de esta población, su expulsión del país.

Para mayor preocupación,  el decreto no respeta el debido proceso. El/la migrante tiene 3 días para presentar el recurso, cuando antes tenía 30 y el proceso se detenía hasta la decisión final judicial.  Ahora  la Justicia tiene 3 días para resolver y la expulsión puede ejecutarse sin una decisión judicial.

Lo expuesto nos alerta sobre la situación de la población migrante en general, porque entendemos que la democracia debe ser respetuosa e inclusiva de todas las diversidades.  En particular, queremos denunciar la amenaza que significa para las personas trans migrantes, que suelen ser detenidas por las fuerzas de seguridad y se convierten en víctimas de procesos de criminalización, a pesar que no están cometiendo, ni siquiera una contravención punible.

A continuación se exponen dos ejemplos clarificadores: uno en la CABA y otro en la Ciudad de la Plata, que forman parte del Informe realizado por un conjunto de ONGs [1] sobre los Derechos Humanos de las personas migrantes realizados para la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) :

La Plata: Causa Zambrano. El 4 de septiembre de 2016 a la madrugada fueron demoradas en La Plata alrededor de 25 mujeres trans y travestis peruanas y ecuatorianas; en una razzia policial que fue difundida como un “operativo contra narcotravestis”. De ellas, nueve fueron llevadas a la comisaría 9na.; cuatro quedaron detenidas más de una semana si bien solo una tenía menos de 1 gr de estupefaciente entre su ropa interior. El 12 de septiembre, la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata anuló el procedimiento policial por considerarlo “vejatorio en grado sumo”. El fallo Zambrano, histórico para la comunidad, da cuenta de un accionar policial que criminaliza y persigue a las trans y travestis migrantes y reconoce derechos básicos que no son respetados ni por la policía ni por el poder judicial.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Las cifras del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reportan en el caso de la Comuna 1, para 2015, que de un total de 805 contravenciones por oferta y demanda de sexo 543 fueron iniciadas contra “varones peruanos”, que es la forma que usa tanto la Policía como el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para referirse a las trans y travestis de nacionalidad peruana que trabajan en las calles, sin tener en cuenta su identidad de género autopercibida. También se pudo evidenciar que en los últimos 3 años se labraron  5000 actas contravencionales iniciadas en razón de la oferta y demanda de sexo, sin que exista en la actualidad ninguna condena.

Estas situaciones de vulnerabilidad se agravan, ya que ahora este grupo poblacional podrá ser expulsado del país sin cometer ningún delito o contravención punible ni tener condenas firmes en causas originadas desde su criminalización.

Queda expuesto así cuán lejos se está con este decreto de combatir la narcocriminalidad o el delito trasnacional organizado, o siquiera de establecer  una política pública de prevención en seguridad.

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[1] Autores: Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Fundación Comisión Católica de Migraciones y Turismo (FCCAM), Generación Evo, El Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), el Programa Migración y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina, OTRANS Argentina, Todo en Sepia Asociación de Mujeres Afrodescendientes en la Argentina

 

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