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Con el objetivo de aunar esfuerzos de distintos sectores en rechazo al proyecto de ley sobre Libertad Religiosa, presentado por el poder ejecutivo, participamos este jueves 17 de agosto, del Encuentro “Diálogos sobre Libertad religiosa”, convocado por Católicas por el Derecho a Decidir, en la Cámara de Diputados de la Nación.

Nuestro aporte se centró en enmarcar esta iniciativa como un avance sobre el Estado laico y, principalmente, un ataque directo hacia los derechos conquistados por la diversidad sexual en los últimos años.

Desde la perspectiva de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, vemos dentro del contexto general de retroceso en el campo de los derechos humanos, un mecanismo perverso que no se centra en derogar la legislación protectoria hacia nuestro colectivo, sino en un desmantelamiento de las políticas públicas que esas leyes contienen (en materia de salud, educación, trabajo, y expresión de nuestras identidades como ciudadanía plena) y en un avance de iniciativas que cristalizan el abandono del Estado como garante de los derechos.

En esa línea, se enmarca esta iniciativa, denominada proyecto de libertad religiosa que bajo este mecanismo similar, lisa y llanamente habilita la vulneración de la libertad y dignidad de personas y colectivos, imponiendo una libertad para discriminar.

Efectivamente, el proyecto legitima actos discriminatorios contra, entre otros, el amplio colectivo de personas que representamos.

Las creencias religiosas, es decir, los dogmas, pasarían a configurarse como norma general, y las obligaciones y derechos, solo como excepción – luego de atravesarse obstáculos burocráticos y jurídicos- .

En este reino del revés, una especie de Estado de excepción, el Congreso otorgaría una suerte de poder de veto y el resultado sería el daño al goce efectivo de legislación que ha sido orgullo para nuestro país frente a la comunidad internacional.

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Las organizaciones de defensa de derechos de las personas LGBTI luchamos a diario para superar obstáculos institucionales, sociales y políticos que aún persisten en la real aplicación de las leyes igualitarias. Entendemos que un cambio cultural debe construirse y que demora mas tiempo que la sanción de leyes.

La Ley de Educación Sexual Integral, de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley de Matrimonio Igualitario, e Identidad de Género, Ley de Acceso a Técnicas de Reproducción Humana Asistida, y el reconocimeinto en el flamante Código Civil y Comercial, entre otras, no son instrumentadas plenamente.

A esto se le suma un clima de violencia y represión hacia nuestras orientaciones sexuales, identidades sexuales y diversidades corporales. Y fundamentalmente a su expresión.

Este proyecto que el Poder ejecutivo intenta imponer operaría como un dique habilitando los prejuicios, estereotipos, patologización y criminalización de nuestro colectivo, puesto que ahora estaría habilitado desde el propio Estado.

Por ello, las organizaciones LGBTI rechazamos esta iniciativa y estamos convencidxs que una ley de libertad religiosa debiera promover desde el Estado, plural y laico, valores de diversidad, igualdad e inclusión, y no trasformar las creencias religiosas en opresión y discriminación.

 

 

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