justicia-no-ciega

100% Diversidad y Derechos y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), junto a otras organizaciones LGBT, expresamos ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, nuestra preocupación, inquietud y rechazo al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, y que actualmente se encuentran en tratamiento.

Respecto a la garantía de la perspectiva de las diversidades sexuales e identidades de género, señalamos la necesidad de continuidad de las unidades especializadas como la UFEM, la DOVIC, la UFISEX y ATAJO, además de las áreas de apoyo de estas temáticas. Asimismo, consignamos que más que un requisito de antigüedad para estos cargos, lo que resulta imperioso es su idoneidad y el perfil comprometido de lxs que estén a cargo. Y finalmente, cuestionamos el mecanismo de construcción de estos proyectos en donde el diálogo con todos los sectores ha sido sesgado.

En cuanto a los aspectos generales de la reforma, suscribimos lo planteado en la presentación conjunta realizada por la Fundación Poder Ciudadano, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras, donde señalan que “la forma propuesta para designar al titular de la Procuración no asegura su idoneidad, independencia ni legitimidad.

Al mismo tiempo, los mecanismos de remoción del Procurador lo hacen menos proclive a investigar casos que afecten al poder de turno. La duración del mandato no permite generar y desarrollar un plan de acción en política criminal”. Lo cual “pone en riesgo la independencia y autonomía de ambos organismos y constituye un peligro para la división de poderes y amenaza con debilitar la figura del Procurador General y del Defensor General”.

En particular, expresamos la gravedad de la sesgada ponderación de la idoneidad – requisito de diez años de antigüedad para la continuidad de los actuales fiscales –  especialmente para procuradurías especializadas cuya continuidad en el proyecto se sugiere pero no se garantiza, además de no prescribir ningún tipo de perfil adecuado para las mismas.

Estamos convencidos y convencidas que lxs legisladorxs deberían reconocer la validez de las unidades ya creadas, dejar sentada su continuidad en la nueva norma y consagrarse, en paralelo, a prescribir los perfiles adecuados para que la designación del responsable elegido no dependa, exclusivamente, del parecer del Procurador General de la Nación.

En la UFEM –Unidad Fiscal especializada de violencia contra las mujeres- y en la Dirección de Políticas de Género las organizaciones del colectivo LGTBI podemos testimoniar cuan determinantes han resultado todas las intervenciones de estos ámbitos específicos. Tanto en los casos litigiosos, como en la confecciónde protocolos, guías de actuación, recepción de denuncias, acompañmiento de derechos, entre otros.

Respecto de la UFISEX –Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la integridad sexual y prostitución infantil- o la DOVIC –Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas- también podemos certificar la operatividad de estas unidades puesto que no olvidamos cómo, en múltiples casos, mujeres y travestis, adultas o menores, resultaron alienadas en posición de objeto por redes delictivas cuyo desmantelamiento sólo se obtiene por el trabajo conjunto de actores institucionales.

Que el estado garantice los espacios de escucha de las víctimas del delito es un imperativo innegociable para el colectivo LGBTI, puesto que de procederse como el proyecto bajo estudio sugiere respecto de las oficinas especializadas, se replicará al infinito la realidad de las asimetrías económicas vigentes en nuestra sociedad.

Entendemos, en síntesis, que las reformas propuestas entrañan prácticas discriminatorias que no enaltecen, por su mera formulación, al honorable Congreso que las aprobaría, y solicitamos encarecidamente la continuidad de las unidades fiscales como las ya mencionadas puesto que no otra cosa que los derechos ciudadanos, la libertad y el pleno ejercicio de la autonomía personal y el respeto de la diversidad es lo que está en juego.

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Nota presentada

 

 

 

 

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