100% Diversidad y Derechos presentó un informe alternativo para la cuarta evaluación periódica de Argentina ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, en su 64ava sesion que contiene información sobre el estado de esos derechos respecto al goce y ejercicio por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).

Un informe “alternativo” o “sombra” se trata de laopinión, información y suministro de datos por parte de actores de la sociedadcivil que es confrontado con el informe oficial de un país, en este casoArgentina y que los organizamos internacionales lo receptan para nutrirse deotras visiones. Se trata de informes muy valiosos ya que son confeccionados porlxs propixs protagonistas, sin ningún tipo de interés que no sea la defensa delos derechos humanos.

informe ante ONUAsí, nos hemos transformado en la primer organización que interpetra los DESC desde la perspectiva de las diversidades sexuales, identidades de género y diversidades corporales. Elegimos centranos en los siguientes temas y formulamos recomendaciones precisas:

  • Derechos sexuales y reproductivos (art. 12 y art15.b)
  • Derecho al trabajo (art. 6)
  • Derecho a la educación (art. 13)
  • Derecho a la salud (art. 12)
  • Protección de las familias (artículo 10)
  • Protección de las familias integradas por personastrans
  • Protección de las familias cuya fuente de filiaciónson las técnicas de reproducción Humana asistida (trha)

Si bien la República Argentina transitó desde la última década un proceso de reformas legislativas, de prácticas judiciales y políticas públicas que promovieron la eliminación de barreras para el acceso a los derechos de la población LGBTI, persisten incumplimientos y obstáculos institucionales.

Se constata, además, un proceso de desmantelamiento y vaciamiento de recursos y contenidos de las políticas que deberían garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, sin discriminaciones, que genera preocupación en organizaciones de defensa de derechos como la nuestra, donde experimentamos cotidianamente un retroceso en la agenda de la igualdad y un aumento de la violencia social e institucional.

En términos generales, el Estado argentino no cuenta con un sistema de recolección y análisis de datos estadísticos de manera sistemática y desagregada respecto de las condiciones de vida de las personas LGBTI ni de las causas y naturaleza subyacentes a las violencias ejercidas sobre nuestro grupo poblacional. Esto dificulta el diseño de políticas sociales estatales que transversalicen la realidad de las personas LGBTI, así como también la formulación de acciones afirmativas que promuevan la igualdad.

Finalmente, la ausencia de la orientación sexual e identidad de género como pretextos discriminatorios en la Ley que rige la materia, No 23.592, obstaculiza no solo los reclamos de índole penal sino la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Situación que se ve agravada, además, por el retraso en el proceso de designación para el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación.

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