Por Cecilia González para agencia  agencia Presentes LGBT

La investigación por las agresiones a cuatro activistas al finalizar la marcha del Orgullo en 2017 en Buenos Aires fue elevada a juicio por la jueza en lo Criminal y Correccional Nro. 11, Paula Petazzi. Por segunda vez en la historia de Argentina, se juzgará el delito de lesiones agravadas por odio a la orientación sexual.

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El 19 de noviembre de 2017, mientras se desconcentraba una masiva marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Montevideo, entre avenida Rivadavia y Bartolomé Mitre, un grupo de varones homofóbicos salió de una casa. Al grito de “putos degenerados” amenazó a tres varones gays que desconcentraban de la marcha, entre ellos a González, quien fue atacado por la espalda con un palo.

Antecedente: el ataque a Jonathan

El único antecedente de este tipo de delito es el caso de Jonathan Castellari, un joven de 26 años que el 1 de diciembre de 2017 fue atacado en un local de McDonald’s por siete hombres. En un juicio abreviado, Gastón y Alejandro Trotta, Rodrigo Cardozo, Juan Ignacio Olivieri, Facundo Curto, Juan Bautista Antolini y Jonathan Romero reconocieron que habían agredido a Castellari por ser gay y, en noviembre del año pasado, la fiscalía acordó una pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de “lesiones graves calificadas por haber sido cometidas con odio hacia la orientación sexual” e impuso a los acusados tareas comunitarias.

[LEER MÁS: Condenan por lesiones “con odio a la orientación sexual” a agresores de Castellari]

Greta Pena, abogada de 100% Diversidad y Derechos que, junto con la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), acompaña a las víctimas de la agresión en la marcha del Orgullo, explicó que ambos casos son diferentes. El de Castellari se resolvió con un juicio abreviado y una probation. En el próximo juicio, en cambio, sí habrá audiencias y testigos.

Por qué puede sentar jurisprudencia

“Es algo trascendental. Al realizarse un juicio se sienta jurisprudencia para que quede más claro en la justicia qué quiere decir ‘odio a la orientación sexual’. A lo largo de las audiencias se pueden incorporar muchos argumentos para que queden plasmadas en el fallo. Eso es lo más importante: que se entienda la gravedad de este tipo de delitos, que se visibilicen”, dijo.

Una de las tres víctimas, Juan Víctor González, lamentó en entrevista con Presentes que la fiscalía haya actuado “muy lento” porque tuvieron que pasar 15 meses para llegar a un juicio.

“Empezamos con un juez que no se movía, directamente no quería hacer investigación sobre el caso. Después lo cambiaron por la jueza Petazzi, ella realmente empezó a hacer algo. En primera instancia diría que siento un poco de impotencia al saber que a alguien se le ocurrió que no se iba a investigar, y esto iba a quedar en la nada”, dijo.

Sin embargo, reconoció, la decisión de elevar la causa a juicio implica un avance. “Una sentencia ya es algo importante, nos da algo a favor. Es como que se puede empezar a contar un poco con la justicia. Es un granito de arena, falta muchísimo”.

La investigación avanzó hasta que, en diciembre del año pasado, la jueza Petazzi, procesó a dos varones acusados del ataque homofóbico y los imputó como coautores del delito de lesiones leves reiteradas agravadas por haberse cometido por odio a la orientación sexual, delito que tiene una pena de entre seis meses a dos años de prisión.

Pena recordó que, al principio, la causa fue caratulada como “lesiones”. Gracias al activismo de 100% Diversidad y Derechos, la CHA y el trabajo de la abogada Luciana Sánchez, se logró cambiarla para contemplar como agravante el odio a la orientación sexual. Era evidente que las víctimas no habían sido atacadas por casualidad, ni con intención de robarles, sino en el marco de una marcha que celebra la diversidad sexual.

“La agresión se dio en el marco de una movilización masiva. Es un ataque con un simbolismo que trasciende a la propia víctima porque propaga un mensaje de odio contra la comunidad LGTB. Es una violencia disciplinadora de los cuerpos y de los deseos no hegemónicos. Es una violencia estructural no aislada. No se trata de una o varias personas que enloquecieron y atacaron, son agresiones con un sentido. Le tuvimos que llevar al fiscal el registro de las agresiones de los últimos años a parejas de lesbianas, de gays, y ni hablar de la comunidad trans”, señaló.

González, por su parte, explicó que después de la agresión se sentía aturdido, con miedo, y le costaba esfuerzo andar en la calle. “Trabajo haciendo mantenimiento de casas, soy plomero, electricista. No me sentía tranquilo hasta no estar en mi casa, y en la noche me sentía inseguro al pensar que las personas denunciadas podían venir a buscarme”, dijo.

La parte positiva, agregó, es el intenso trabajo realizado por la abogada de las tres víctimas, Luciana Sánchez. Y que tanto 100% Diversidad y Derechos y la CHA los acompañaron en todo momento.

“Me contactaron al otro día de la agresión, a ello se debe mucho que esta causa haya avanzado. Nos mostraron que no estamos solos. Su respaldo fue lo que me hizo sentirme mejor enseguida, la verdad me dieron una mano muy grande en un montón de cosas, por ese lado digo que siempre estuvieron presentes”, señaló.

 

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