100% Diversidad y Derechos, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO); la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, docentes y académicos de la comunicación denunciamos la intervención de la Defensoría del Publico y solicitamos la remoción del encargado ante la Comisión Bicameral del congreso que le da seguimiento.

defensoria del publico

Hasta la intervención, la Defensoría del Publico venía desarrollando un importante trabajo federal para defender los derechos de las audiencias en el marco de los derechos reconocidos por la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual (Nº 26.522). En particular, desde 100% Diversidad y Derechos destacamos su labor en favor del tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual, ya sea en contenidos periodísticos o publicitarios.

Concretamente, en noviembre de 2016 finalizó el mandato de la primera y única titular del organismo. La Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización -creada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 emitido por el Gobierno Nacional- decidió delegar la firma para ejercer transitoriamente la titularidad de la Defensoría y garantizar su funcionamiento en una directora de la planta permanente del organismo, quien fue propuesta por las y los trabajadores. Durante ese tiempo (noviembre 2016 – septiembre 2018) se informó quincenalmente a la Comisión Bicameral sobre la situación presupuestaria y las acciones de la Defensoría; y se mantuvieron -e incluso elevaron- los niveles de atención al público, trámites de denuncias, participación ciudadana, realización de audiencias públicas, e investigaciones.

Sin embargo, en septiembre de 2018 la Comisión Bicameral presidida por el senador santacruceño Eduardo Costa (Cambiemos) designó interventor a una persona sin ninguna experiencia en la materia, que fue duramente cuestionado por universidades y organizaciones de la sociedad civil por su falta de antecedentes. Hasta el momento, el curriculum del interventor sigue sin figurar en la web del organismo.

Comision Bicameral autoridades
Autoridades de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual

Desde su llegada a la Defensoría del Público, la intervención designó 14 funcionarios políticos con salarios altos, todos sin experiencias previas; desplazó a directores (separó a Ernesto Lamas de la Dirección de Capacitación y Promoción; provocó la renuncia de Santiago Marino de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo; y de María José Guembe al cargo de Director de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos, a quien la Comisión Bicameral había confiado la responsabilidad de hacerse cargo del organismo durante la acefalía); ejerció hostigamiento y persecución política; paralizó el trabajo de todas las áreas, vaciando de contenido al organismo; abandonó prácticas virtuosas como la convocatoria a audiencias públicas, la respuesta rápida y fundada de las denuncias del público, la participación en eventos y actividades; y, finalmente, dilapidó el presupuesto y al día de hoy no alcanza para hacer frente al pago de salarios hasta fin de año.

Ante esta situación, organizaciones de la sociedad civil, instituciones y personalidades denunciamos formalmente ante la Comisión Bicameral al encargado de la intervención, Emilio Jesús Alonso por incumplimiento de sus funciones y solicitamos se deje sin efecto su designación. También pedimos se dé inicio al proceso de selección y designación de la defensora o defensor del público conforme a la ley de medios audiovisuales; y se retome el normal funcionamiento de la Defensoría del Público.

Además, denunciamos que en un año de intervención no se llevó a cabo ninguna audiencia pública; no se elaboró ni implementó el plan federal de capacitaciones que la Comisión Bicameral le había indicado realizar al interventor; y se puso en riesgo continuidad laboral de les trabajadores contratados.

Firman la denuncia:

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS);
100 % Diversidad y Derechos;
Abogada Graciana Peñafort;
Martín Becerra (investigador principal en el Conicet y docente de las universidades nacionales de Quilmes y Buenos Aires);
Diego de Charras (docente, investigador y Director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA);
Guillermo Mastrini (investigador y docente de las universidades nacionales de Quilmes, Buenos Aires, Córdoba, San Martín y Córdoba);
Larisa Kejval (docente e investigadora de las universidades nacionales de Avellaneda y Buenos Aires y Secretaría Académica de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA);
Philip Kizberger, Investigador Conicet, profesor Universidad Torcuato Di Tella;
Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO);
Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA);
Asociación Mundial de Radios Comunitarias capítulo Argentina (AMARC – Argentina);
Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales (ARUNA) dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional;
Asociación Civil Comunicación para la Igualdad;
Proyecto de investigación “Las radios y televisoras comunitarias desde la Ley 26.522. Condiciones, estrategias y desafíos” (integrado por investigadores y docentes de cinco universidades nacionales).

 

 

 

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