Este 15 de julio celebramos los diez años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Ese hito significó un impacto que todavía no terminamos de realizar en toda su profundidad y cuyos efectos no son del todo medibles. Pero a pesar de algunas incertidumbres hay cosas que a lo largo de estos 10 años aprendemos.

Formalmente, la conquista del derecho tuvo efectos jurídicos bien concretos: licencias, reconocimiento filiatorio a amb*s integrantes de la pareja (cesando la discriminación contra hijes de nuestras familias de manera análoga al fin de la discriminación de los hijos naturales e ilegítimos), herencias. Pero también significo el derecho a no casarnos, el derecho a divorciarnos (conquistado hacía ya décadas para les heterosexuales). Si el matrimonio igualitario no resuelve todos los problemas ni engloba la totalidad de nuestros reclamos, sí colaboró a transformar la compulsión en libertad. Quien no deseaba casarse no estaba obligado a hacerlo, pero quien pudiera hacerlo, sí. Al haber evitado una unión civil diferenciada, se evitó la situación de apartheid o diferenciaciones de status: la unión civil hubiera sido la marca de la indignidad para merecer el nombre matrimonio. Con la reforma de una única ley, paradójicamente, también se ha puesto en valor la heterosexualidad como una opción legal más, y no como un régimen único y obligatorio para quienes acudan a él.

Al reconocer el derecho que reclamábamos, también se produjo un hito en la lucha contra la discriminación. Al aceptar que el reconocimiento igualitario implicaba reconocer las diferencias sexo-afectivas en igualdad de condiciones legales, el Estado elevaba los estándares de toda la sociedad acerca no sólo de lo que era legal, sino también de lo que era, o no, legítimo. Al mismo tiempo, ofreció protección legal al acto de hacerse visible: nada más y nada menos que la posibilidad de efectuar con total validez el rito del casamiento en un edificio público, con todo el impacto contra el estigma, con toda la fuerza que el rito civil posee.

Políticamente, la sanción de la ley permitió que avanzáramos sobre otros reclamos, como la ley de identidad de género, que fue sancionada dos años después y que fue incorporada, junto con una serie de otros importantes avances, en el Nuevo Código Civil y Comercial cuya vigencia comenzó en el año 2015. Dos temores fueron disipados: por un lado, el que agitaba el conservadurismo religioso de extinción de la raza humana. Por el otro lado, tampoco fue el fin de nuestros modos libres y creativos de realizar nuestros deseos y de garantizar nuestros derechos que una parte del activismo LGBT+ temía. No cabe duda de que la comunidad se transformó, mejorando las condiciones de vida de muchísima gente, pero también quizás poniendo problemas donde antes no los había; tampoco cabe duda de que la institución heterosexista y sesgada se modificó antipatriarcalmente más de lo que se difundieron sus temidos efectos “normalizadores” y disciplinadores. Para constatarlo no hace falta ir a la letra del código civil, ni investigar sobre su puesta en práctica, sino respirar el aire de la época. LGBT de todo el país con mayor o menor resistencia lograron, gracias a la ley, protegerse legalmente o pelear contra los estigmas.

El matrimonio igualitario tuvo un impacto universal: tanto en las personas según la orientación de su deseo afectivo y sexual como en el territorio nacional. Así como en Argentina mirábamos la sanción de la unión civil en Buenos Aires y después a España que sancionó su ley en el 2005, al aprobar el matrimonio igualitario colaboramos a la ampliación de un horizonte de posibilidades continental. Luego siguieron Uruguay, Brasil, Colombia, algunos Estados de México, Ecuador y Costa Rica. Muchos más países de Latinoamérica reconocerán en el mediano plazo la poderosa resolución del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce al matrimonio igualitario y a la identidad de género como derechos protegidos por el pacto de San José de Costa Rica.

Otra de las transformaciones que se produjo fue la de comenzar a circular con más fuerza la noción del plural familias sobre el tipo vetusto del singular caracterizado por la familia heterosexual monógama y con descendencia “natural”. Una de las transformaciones y efectos radicales del matrimonio igualitario es la legalización de la reproducción biológica y social sin necesidad de hombres (familias de lesbianas con hijes, madres solteras a las que no  “le falta” nada. La ausencia de los hombres en el núcleo familiar no es índice necesario de incompletitud. Al mismo tiempo, se ha atenuado el estigma de adscribir la extinción como característica propia de los vínculos homosexuales o de las personas trans.

Nuevos tipos filiatorios fueron reconocidos, que pusieron en primer plano el deseo y la voluntad. En ese sentido, las conquistas siempre quedarán rotas e incompletas si al reconocimiento de la libertad de tener hijos plasmada en el reconocimiento de las madres lesbianas, de las solteras heterosexuales, de la adopción conjunta, no legalizamos la interrupción voluntaria del aborto. ¿Cuánta felicidad propiciaríamos y cuánto menos dolor causaríamos si equiparáramos en toda su existencia a la libertad de no reproducirse con la de hacerlo?

La creación del Ministerio de mujeres, géneros y diversidades es un efecto de esta confluencia entre los feminismos y el movimiento LGBTI+. Su mero nombre  indica esta voluntad plural, y su atención a la transversalización de las políticas antipatriarcales desde esta perspectiva deberá acelerarse, ya sentadas las bases legales e institucionales. Actualmente, esperamos y exigimos también una ley de cupo laboral travesti trans como acción afirmativa para el acceso a una herramienta tan crucial como el trabajo para la igualdad y autonomía personal, principios basales de la sanción del matrimonio igualitario, para todas las personas.

Al mismo tiempo, así como es necesario transversalizar las políticas de género en el aparato estatal, es necesario diversificar a la diversidad, visibilizar a todas las intersecciones y redoblar la intensidad en la lucha antirracista. Las personas LGBT también somos afro e indígenas, pertenecemos a diversos pueblos y linajes de nuestro país, y también somos migrant*s. Para fomentar esta lucha seguimos exigiendo la reforma de la ley antidiscriminatoria que haga foco en la educación y la promoción y protección de derechos desde un enfoque pedagógico y no punitivista. Cuidar en libertad y no tanto vigilar para obligar.

Así como sucedió con la discusión por la legalización del aborto o con el divorcio vincular, la discusión pública del matrimonio igualitario supuso una transformación de los términos del debate para extender los márgenes de lo que se puede discutir y reconocer, las vidas y las voces que son valoradas en nuestra democracia. Pensar y discutir no quiénes deberíamos ser desde imposturas hipócritas y miedosas, sino cómo podemos vivir mejor desde la honestidad, libertad y visceralidad de quienes somos en realidad.

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