100% Diversidad y Derechos solicitó que se contemple el prejuicio a la orientación sexual de la víctima como elemento central de la investigación y que se investigue la posible instigación al suicidio por parte de miembros de la Asociación Religiosa Testigos de Jehová.

Ante la reciente aparición sin vida del joven misionero, Federico Gómez, la organización 100% Diversidad y Derechos le pidió al juez que instruye la causa, Dr. Leonardo Manuel Balanda Gómez, que contemple como hipótesis de la investigación el prejuicio a su orientación sexual como elemento central del posible sometimiento a una terapia de conversión y la consecuente instigación al suicidio de la que podría haber sido víctima. También, le solicitaron al magistrado que pida asistencia técnica en la temática a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres y personas LGBTI+ (UFEM) para coadyuvar en la instrucción de la causa.

Familiares de Federico Gómez, quien falleció el 19 de enero de 2021 en la ciudad de Puerto Rico de la provincia de Misiones, aseguraron que padecía persecución, hostigamiento y discriminación por parte de Testigos de Jehová, culto del cual participaba pero que en el último tiempo había dejado de frecuentar. Según sus allegados, Testigos de Jehová lo habría citado a una “audiencia judicial” para tratar su “conducta descarada” haciendo referencia a la orientación sexual del joven, contraria a la esperada por la iglesia.

En ese sentido, el Director Ejecutivo de 100% Diversidad y Derechos, Ricardo Vallarino, indicó que “consideramos que lo expresado por familiares y amigues de Federico constituyen prácticas que se enmarcan en el fenómeno denominado ´terapias de conversión´, intervenciones de diversa índole que se basan en la creencia de que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género de las personas, pueden y deben cambiarse o reprimirse cuando no se ajustan a las expectativas hetero y cisnormadas”. Vallarino, explicó que “su objetivo es convertir a las personas no heterosexuales en heterosexuales y a las personas trans o de género diverso en cisgénero”.

Desde la entidad defensora de los derechos humanos plantearon que estas prácticas fueron objeto de análisis de distintos organismos internacionales. Francisco Cotado, del área jurídica de la organización, señaló que según “el Informe ´Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América´ publicado el año 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refiere, entre otras manifestaciones de violencia, a casos en que personas LGBTI+ son sometidas a supuestos tratamientos psicoterapéuticos, internadas en clínicas o campamentos y víctimas de abuso físico”. Cotado resaltó, además, que la CIDH “señala que estas terapias son dañinas, contrarias a la ética, carecen de fundamento científico, son ineficaces, representan una grave amenaza a la salud, vulneran los derechos humanos de las personas afectadas y podrían constituir una forma de tortura y advirtió sobre el rol de los grupos religiosos en este tipo de ataques contra personas LGBTI+, particularmente los dirigidos contra hombres gay jóvenes”.

Desde Misiones, el activista Jorge Víctor Ríos expreso que “la muerte de Federico generó una conmoción en la comunidad LGBTI+ en la provincia porque existe la posibilidad de que esté relacionada a su orientación sexual, ya que se dio en el marco de una denuncia de hostigamiento por su orientación sexual por parte de grupos religiosos. Lamentablemente este tipo de situaciones son comunes en la provincia, especialmente en las localidades del interior, donde las creencias religiosas tienen mayor influencia en la vida comunitaria e incluso las instituciones del Estado. Reclamamos que en casos como estos se investigue teniendo en cuenta esta perspectiva para asegurar que se llegue a la verdad y eventualmente se sancione a los eventuales responsables. Este caso no puede quedar cerrado con dudas respecto a las responsabilidades en torno a esta muerte, como tampoco sobre práctica homofóbicas ni hostigamientos”.

Finalmente, desde 100% Diversidad y Derechos sostenemos que el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes cometidos contra las personas LGBTI+ como un componente esencial del acceso a la justicia, derecho indispensable que los Estados deben garantizar en su cumplimiento de la obligación internacional de responder con debida diligencia a las violaciones de derechos humanos.

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