El Estado argentino reconoció su responsabilidad por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales en el caso del asesinato de Octavio Romero.

Desde 100% Diversidad y Derechos celebramos la firma del acuerdo de solución amistosa mediante el cual el Estado Argentino reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional por las irregularidades en la investigación penal en torno al asesinato de Octavio Romero. A su vez, bregamos por el efectivo cumplimiento y una implementación amplia, participativa y federal de las medidas de reparación asumidas.

Octavio Romero era un suboficial de 33 años de la Prefectura Naval Argentina (PNA). En el año 2011, habiéndose sancionado de manera reciente la Ley de Matrimonio Igualitario en nuestro país, pidió la correspondiente autorización a sus superiores para casarse con su novio Gabriel Gerbasch, de acuerdo a la normativa vigente en ese entonces (Ley N° 18.398). Así, se convertiría en el primer integrante de una fuerza de seguridad del país en acceder a este instituto civil con alguien de su mismo sexo.

Sin embargo, el 17 de junio de 2011 fue encontrado muerto, desnudo y con rastros de golpes en la costa del Río de la Plata a la altura de Vicente López, provincia de Buenos Aires, territorio bajo jurisdicción de la PNA.

Durante la investigación de la muerte de Octavio, lxs operadorxs del sistema de administración de justicia intervinientes realizaron una investigación completamente sesgada y prejuiciosa. A pesar de los múltiples indicios y testimonios que señalaban a miembros de la fuerza de seguridad donde él prestaba funciones como responsables de lo sucedido, lxs funcionarixs judiciales trabajaron bajo la hipótesis de que su futuro esposo era el principal sospechoso y hasta le negaron su derecho a participar del proceso como querellante.

Con la firma del acuerdo, el Estado argentino reconoció la falta de adecuación de la investigación penal del crimen de odio contra Octavio Romero a los estándares internacionales, especialmente en materia de violencia por motivos de género, aplicable también a los crímenes contra el colectivo LGBTI+.

Además de reconocer la responsabilidad del Estado argentino en la falta de investigación sobre el caso, el acuerdo detalla una serie de compromisos cuyo monitoreo, control y seguimiento estará a cargo de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la CIDH. Para ello, el Estado elaborará informes semestrales acerca del grado de cumplimiento de las medidas.

El acuerdo firmado es la primera solución amistosa en asuntos de derechos humanos de personas LGBTI+ de la historia. El Estado argentino asumió el compromiso de darle una amplia difusión, apoyar lo que solicite la fiscalía a cargo de la investigación, elaborar un documental en memoria y homenaje de Octavio a través del canal educativo y cultural “Encuentro” y brindar apoyo para la realización de un mural en su memoria.

Además, el acuerdo incluye medidas de capacitación a las fuerzas federales, de fortalecimiento de programas para acceder a la justicia y la adaptación de los protocolos para la investigación con el objetivo de incluir la perspectiva de diversidad y crímenes por prejuicio a la orientación sexual, su expresión o identidad de género por parte del Ministerio de Seguridad, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio Público Fiscal. Finalmente, también corresponderá una reparación al viudo por los daños materiales e inmateriales sufridos por las violaciones de derechos humanos reconocidas por el Estado.

La impunidad del asesinato de Octavio Romero es una muestra de la falta de acceso a la justicia por parte de las personas LGBTI+ frente a crímenes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género y de la necesaria y profunda transformación del Poder Judicial por la que seguimos luchando. La firma de este acuerdo histórico abre la perspectiva de la reparación como condición necesaria para la no repetición de los crímenes contra nuestra comunidad en Argentina y la región. El acuerdo firmado ante la CIDH fue rubricado por el viudo de Octavio Romero, Gabriel Gersbach, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Igualdad y la Republica Argentina, a través de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería.

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