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Documento completo #niunamenos

Aquí, el texto completo leído en la Plaza de los Dos Congresos:

foto de mafia

Foto: Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs (M.A.F.I.A)

I
En 2008 mataron una mujer cada 40 horas; en 2014, cada 30. En esos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas sólo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta. En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1500 niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a convivir con los asesinos. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. Necesitamos sumar compromisos para cambiar una cultura que tiende a pensar a la mujer como objeto de consumo y descarte y no como una persona autónoma.
El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías: Pero la palabra “femicidio” es, además, una categoría política, es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de Derechos Humanos.
Hablamos entonces de una cultura de la violencia contra las mujeres. Hablamos de hombres que piensan que una mujer es suya y que tienen derecho sobre ella, que pueden hacer lo que quieran, y que cuando esa mujer dice NO, la amenazan, le pegan, la matan para impedir que diga NO.
El femicidio es eso: marcar los cuerpos de las mujeres violentamente, y como amenaza para otras: para que las mujeres no puedan decir que no, para que renuncien a su independencia. Aunque la gran mayoría de las mujeres que recordamos aquí fueron asesinadas por hombres de su círculo íntimo, el femicidio no es un asunto privado, es producto de una violencia social y cultural que los discursos públicos y de los medios vuelven legítima, cada vez que alguien le dice puta a una mujer porque ejerce su sexualidad libremente, cada vez que alguien la juzga por las medidas de su cuerpo, cada vez que alguien la mira con sospecha porque no quiere tener hijos, cada vez que alguien pretende reducirla simplemente al lugar de la buena esposa o la buena madre, destinada a un varón.
El femicidio es un tipo de violencia particular: no es un tema íntimo o doméstico o sólo de las mujeres. En muchos femicidios también fueron asesinados los hijos como parte del castigo proyectado sobre ellas y su propia capacidad de dar vida.
Lo privado es político. Cada mujer que se atreve a decir basta, que quiere dejar de ser víctima para convertirse en sobreviviente, desafía a toda la estructura de la violencia machista. Pero ese es su momento más vulnerable, ahí es cuando con saña se pretende ajusticiarla y es entonces cuando más necesita de otros y de otras que ayuden a sostener
su decisión: redes de afecto, sociales, asistencia del Estado y un activismo político fuerte que insista en decirle que no está sola y que no es su culpa. Para que ese BASTA, que por fin pudo enunciar, se sostenga en el tiempo. Eso es, también, lo que estamos haciendo hoy, acá, en esta plaza pública.
La violencia ejercida en el ámbito doméstico se vincula con cuestiones sociales que deben ser discutidas en la esfera de la política. A diferencia de otros crímenes, el femicidio se puede leer en una cadena: encontramos crímenes casi calcados por todo el país.
Por eso, afirmamos el derecho a decir NO frente a aquello que no se desea: una pareja, un embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido. Afirmamos el derecho a decir NO a los mandatos sociales de sumisión y obediencia.
Y porque decimos NO, podemos decir sí a nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas afectivas, nuestra sexualidad, nuestra participación en la sociedad, en el trabajo, en la política y en todas partes.
II
Los femicidios no deben tratarse como problemas de seguridad. Y la lucha contra ellos exige una respuesta múltiple, de todos los poderes del Estado y todas sus instancias -nacional, provincial, municipal- pero también precisa una respuesta de toda la sociedad civil. Y en especial una respuesta por parte de los y las periodistas, comunicadores y comunicadoras, que son quienes construyen interpelaciones públicas.
En 2009 y por amplia mayoría (con 174 votos afirmativos y 3 abstenciones), el Congreso nacional aprobó la Ley de Protección Integral de las Mujeres, Ley Nº 26.485, un paso importante en la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, todavía está pendiente la reglamentación de algunos artículos, incluido el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Sin la reglamentación completa de la Ley, el diseño de políticas integrales y la asignación del presupuesto necesario para su instrumentación, esta herramienta lograda en 2009 resulta insuficiente para revertir el aumento de la violencia.
En el país existen líneas telefónicas y oficinas especializadas para orientar y asistir a las víctimas que sufren violencia machista. No alcanzan si no son acompañadas de políticas integrales.
No existe en la Argentina un registro oficial de femicidios. Los datos que mencionamos aquí son los que releva año tras año la Organización No Gubernamental Casa del encuentro.
Es fundamental contar con estadísticas oficiales. El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas. En muchas jurisdicciones, son ellas las que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en comisarías. Este sistema de doble denuncia está apoyado en la falta de confianza de la Justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad del agresor. El aporte de pruebas y testigos depende enteramente de las víctimas y, si no lo hacen, las causas quedan paralizadas y luego se archivan. Se trata de un modelo de gestión judicial de la violencia contra las mujeres que suma desprotección y que no garantiza medidas efectivas. Con la impunidad para el agresor, el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la denunciante: la violencia institucional. Muchas de las víctimas de femicidios habían denunciado antes y en reiteradas ocasiones al asesino.
A tantas otras mujeres no quisieron tomarles las denuncias. Esta inercia no puede continuar. Hay mujeres golpeadas y asesinadas por afirmar sus propias decisiones. Otras están desaparecidas, víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual o laboral, y sus destinos siguen sin conocerse. En torno a algunas de esas mujeres desaparecidas se sospechan tramas mafiosas que incluyen la participación de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Por ellas también pedimos justicia.
El modo en que los medios, mayoritariamente, tratan el problema, debe transformarse por completo: en muchos casos culpabilizan a las víctimas de su destino: hablan de su vestimenta, sus amistades, sus modos de divertirse. En el fondo, agitan allí el “algo habrán hecho”. Necesitamos medios comprometidos en la elaboración de protocolos, además del imprescindible cumplimiento de los protocolos existentes y de los códigos de ética para las coberturas periodísticas de estos casos.
La televisión repite imágenes y palabras que ubican a las mujeres en situaciones de desigualdad, dominación y discriminación. Repite estereotipos. El tratamiento noticioso de los casos de niñas y mujeres asesinadas o desaparecidas, con la invasión de la intimidad de las víctimas y la insistencia en revelar el modus operandi del asesino, contribuyen a que el femicidio se naturalice o se lo convierta en insumo para que el show continúe. Y esto ayuda a su reproducción.
Decimos Ni una menos, con el dolor de la suma de víctimas que crece y crece. Esta convocatoria masiva, esta enorme y comprometida participación social, son un grito unánime.
Es la manera que encontramos, en todas las plazas del país, con la movilización, con el dolor común, con la preocupación y la necesidad urgente, de poner en marcha acciones coordinadas que ataquen el problema; desde el origen -la cultura machista-, y hasta el fin de la cadena: la mujer golpeada, la mujer asesinada.
El Estado y los poderes reales, junto con la ciudadanía, debemos comprometernos a perfeccionar los instrumentos para combatir la violencia contra las mujeres, nuevos esfuerzos deben sumarse, codo a codo con el esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres, feministas, ONGs y personas comprometidas que trabajan en esto desde hace tiempo.
Es que los derechos de unas son los derechos de todos. La preservación de la vida y las decisiones de las mujeres son ampliación de libertad para todos y para todas. Forjemos nuevos modos de convivencia, estrategias para hilar cada vez mejor la trama de la vida en común. No queremos más lágrimas de duelo y sí más avances que festejar.
No queremos más mujeres muertas por femicidio. Nos queremos vivas. A todas.
III
Pedimos, entonces, una serie de puntos ineludibles para recorrer el camino hacia Ni una menos:
1. Instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la LEY N º 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Puesta en marcha del Plan Nacional que allí se establece.
2. Recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres incluyendo los índices de femicidios.
3. Apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto de agilizar las medidas cautelares de protección. Federalización de la línea 137.
4. Garantías para la protección de las víctimas de violencia. Implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia.
5. Garantías para el acceso de las víctimas a la Justicia. Atención de personal capacitado para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. Vinculación de las causas de los fueros civil y penal. Patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial.
6. Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática.
7. Creación de más Hogares/Refugio en la emergencia, Hogares de Día para víctimas, y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género.
8. Incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género, la temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos violentos.
9. Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales, así como a profesionales que trabajan con la temática de violencia en diferentes dependencias oficiales de todo el país.
Todas las medidas requieren creación de instancias de monitoreo y seguimiento para su puesta en práctica y funcionamiento efectivo.
Erradicar la violencia contra las mujeres puede ser difícil pero no es imposible. Ni una menos es un grito colectivo, es meterse donde antes se miraba para otro lado, es revisar las propias prácticas, es empezar a mirarnos de otro modo unos a otras, es un compromiso social para construir un nuevo nunca más. Repetimos. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. A todas.

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100% Diversidad y Derechos: Ley de Identidad de Género. Entrevista en telefé a nuestras compañeras Julia Amore, Valeria Licciardi y Pamela Coronel

Las compañeras de 100% Diversidad y Derechos, Julia Amore, Valeria Licciardi y Pamela Coronel visitaron el piso de AM ( telefé) para charlar sobre la ley de Identidad de Género.

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100% Diversidad y Derechos: Violencia es mentir – El caso de Entre Ríos y el derecho al aborto.

100% Diversidad y Derechos repudia de manera enérgica la consecutiva cadena de dilaciones y presiones tendientes a no hacer respetar la Ley y a impedir la interrupción del embarazo de una niña de 11 años, que a raíz de una violación se encuentra en la semana 12 de gestación.

La violencia ejercida sobre esta niña, no se ha circunscripto sólo al abuso sexual del que fue víctima, ya que esa misma violencia se mantiene de manera presente y continua en la negligencia de diferentes actores institucionales que no cumplieron con sus responsabilidades.

Pese al requerimiento de la madre para que le realicen un aborto no punible a la niña, procedimiento contemplado en el Artículo 86 del Código Penal – que lo establece en caso de que el embarazo ponga en riesgo la vida o salud de la madre o haya sido producto de una violación – el director del Hospital de San Salvador, Juan Arletaz, le aconsejó que hiciera una denuncia policial y judicial, circunstancia que llevó a vulnerar los derechos de la menor una vez más.

La dilación por vía judicial se puso en escena, como en otras ocasiones similares, con el objetivo de que el proceso mismo no concluyera a tiempo para poder ser aplicada una resolución favorable a la niña. Y es en estas instancias, que el Ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, comunicó antes a los medios que a la Justicia un dictamen médico realizado por el Hospital “Delicia Concepción Masvernat” en donde se dice que la niña “está en condiciones de proseguir con su embarazo como lo hacen muchísimas adolescentes”, y agrega sin ponerse colorado “si puede ovular, puede parir,  porque la naturaleza es sabia”.

Extraña lógica la de Cettour, que parece más propia de un Ministro religioso que de un Ministro de Salud, ya que con el mismo criterio, la medicina ni tendría razón de existir porque salvarle la vida a alguien que lo requiera se opondría a las decisiones de la sabia naturaleza.

Pero si lo que se dice produce escalofríos, lo que se calla es muchísimo más escandaloso, porque no sólo se está legitimando el abuso, se lo está perpetuando.

Sé está condenando a la victima, tan sólo una niña, al riesgo de morir durante el embarazo, parto o puerperio.  Además de sufrir traumas  psíquicos, la exclusión social y escolar, todos hechos que modificarán radicalmente su vida, en caso de que pueda llegar a conservarla.

Lo que se calla es la naturalización de una triple discriminación, la que la está condenando por ser niña, por ser mujer y por ser pobre.

Recientemente, la madre de la niña fue intimidada para que desista ante la Justicia del pedido de la interrupción del embarazo. Hasta ella no pudieron llegar las voces que la informaran debidamente sobre los derechos que la asisten, porque fue literalmente cercada. No se le pudo explicar que quienes le hablan del infierno están violando la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ni la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes  y la ley 26.485 de Protección integral a las mujeres, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ni la recomendación que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hiciera al Estado Argentino “para que los casos en que se pueda practicar legalmente el abor­to, se supriman todos los obstáculos a su obtención”. Ni que el mismo Ministerio de Salud de la Nación en su  “Guía Técnica para la Atención de Abortos No Punibles (ANP)” establece que “A las mujeres que soliciten o requieran un ANP se les garantiza una atención ágil e inmediata. La instituciones en las cuales se practiquen deberán prestar toda la colaboración necesaria para que el ANP pueda ser brindado lo más pronto posible y se prohíbe en todo caso la imposición por parte de las instituciones o su empleados de requisitos adicionales o innecesarios”.

Mientras se siga haciendo oídos sordos a la voluntad de la nena, que sólo pide que “todo vuelva a ser como antes”, y a su madre no se le brinde información fidedigna y apoyo institucional, a esta niña se la continuará violentando.

Anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

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