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24 de marzo 1976 – 2016: Comunicado de las agrupaciones LGBTIQ

imagen fondo 40aniversariogolpeblogFuimos, somos y seremos parte de las luchas.
Amar libremente en un país liberado.

A 40 años de la última dictadura cívico- militar – clerical renovamos nuestro compromiso de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia al mismo tiempo que reivindicamos la memoria de los detenidxs-desaparecidxs LGTBIQ y del Frente de Liberación Homosexual (FLH). En el contexto actual reclamamos, además, la plena continuidad de las políticas de derechos humanos y el fin de los travesticidios y crímenes de odio.

La Dictadura cívico-militar – clerical iniciada el 24 de marzo de 1976 instauró no sólo un autoritarismo político sino también moral. La represión al movimiento popular no excluyó la persecución a lesbianas, gays y personas trans como parte de los dispositivos de disciplinamiento de la sociedad, principalmente de la juventud. Desde los importantes avances en materia de Memoria, Verdad y Justicia; queremos visibilizar la historia de la violencia estatal que aún hoy se ejerce contra la comunidad LGBTIQ.

Trabajadorxs, estudiantxs, artistxs y escritorxs LGBTIQ también formaron parte de las luchas del pueblo argentino por una transformación social más amplia, pero la represión que sufrieron no fue procesada socialmente ni formó parte de las causas judiciales. Fuimos víctimas del autoritarismo político y moral. Durante el primer año del golpe, el Grupo Nuestro Mundo (antecesor del Frente de Liberación Homosexual) denunció ante los medios de comunicación los arrestos arbitrarios que sufrían las personas LGBTIQ y cómo se las obligaba a firmar declaraciones incriminatorias amparadas en edictos policiales como el “2 H”. También el escritor y activista del FLH Néstor Perlongher (1981) realizó denuncias similares, en las que señaló la existencia de una “limpieza moral” a través de razias policiales y detenciones.

El informe de la CONADEP invisibilizó la orientación sexual y las identidades de género de lxs detenidxs-desaparecidxs e ignoró el sadismo particular del que fueron víctimas durante la tortura. Recién en el año 2011 la CONADEP recibió la declaración de personas trans detenidas en centros clandestinos. En este marco, entre las asignaturas pendientes, y como parte del derecho a la verdad, reclamamos nuestro derecho a saber qué pasó con lxs detenidxs-desaparecidxs LGTBIQ, a conocer sus historias militantes y que se visibilice la represión que sufrieron por su orientación sexual e identidad de género.

Sabemos que el restablecimiento de la democracia fue un proceso frágil y condicionado por distintos factores. Fue una bisagra el juicio civil a las Juntas Militares, que produjo además de una primera condena por parte del Estado, una condena social masiva al período dictatorial. En ese incipiente período democrático también fue posible empezar a cuestionar el machismo y el integrismo moral, con la sanción del divorcio vincular.Sin embargo, durante los primeros años de la democracia continuó fuertemente la persecución policial a nuestra comunidad y aún ya más afianzada la democracia y a pesar de la igualdad ante la ley que declara la constitución nacional, lesbianas, gays, bisexuales y trans no fuimos reconocidxscon los mismos derechos que la población heterosexual sino hasta hace muy poco tiempo. Esto constituyó un déficit democrático que fue tan naturalizado como invisibilizado.

Ubicar las reivindicaciones del movimiento LGTBIQ en el marco de los derechos humanos fue un largo proceso. Durante muchos años la diversidad sexual y de género fue excluida de la agenda de derechos y se la limitó a la órbita de la salud y el VIH. En el debate público, político e institucional fuimos patologizadxs, estigmatizadxs y criminalizadxs. Recién después de la decisión de la Organización Mundial de la Salud de retirar la homosexualidad de su listado de enfermedades mentales en 1990, pudimos comenzar a superar el discurso médico y que se nos reconozca en el campo de los derechos humanos.

El Estado Argentino llegó incluso a negar el derecho de asociación a lesbianas, gays y trans, situación que recién fue revertida en el año 1991, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó otorgarle la personería jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina y en 2006 a la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. Los artículos de los Códigos Contravencionales y de Faltas que penalizaban la homosexualidad y el travestismo, que dieron lugar a innumerables detenciones arbitrarias y torturas, finalmente fueron eliminados al año siguiente. Lamentablemente, aún hoy se utilizan figuras abiertas, como la averiguación de identidad o de antecedentes, y el ejercicio de la prostitución, para perseguir a la población LGTBIQ; en especial a personas trans. Esas detenciones funcionan como un modo de disciplinamiento social, pretenden establecer un patrón valorativo sobre la actitud, la vestimenta y el aspecto de las personas que pasan a ser sospechosas según el criterio policial. Una de las finalidades de estos dispositivos es la expulsión del espacio público de quienes recurren a él para subsistir para luego habilitar su uso bajo coerción a cambio de coimas.

La lucha de los organismos de derechos humanos, la nulidad de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y de los decretos de indulto, el posterior inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad y la restitución de la identidad a cientos de hijos e hijas de detenidos desaparecidos ubicaron a los Derechos Humanos en un lugar central en nuestro país.

En un contexto de ampliación de derechos la lucha del movimiento LGTBIQ hizo sinergia con otros movimientos sociales y políticos, lo que nos permitió construir mayorías parlamentarias e impulsar políticas públicas. El 15 de julio de 2010 nuestro país dio una vuelta de página en su historia, convirtiéndose en el décimo país en el mundo y el primero en América Latina en reconocer por ley el derecho a contraer matrimonio civil a las parejas del mismo género. Dos años más tarde se aprobó la Ley de Identidad de Género, primera en el mundo en eliminar todo carácter patologizante en sus procedimientos, que en alguna medida vino a comenzar a reparar décadas de exclusión de los derechos más básicos de la población trans.

La sanción de estas leyes comenzó a revertir la peor forma en la que se expresa la discriminación: la institucional, la generada y legitimada por el propio Estado y provocó el inicio de un incipiente proceso de desarrollo de políticas públicas específicas, dirigidas a incluir a la diversidad sexual y de género y promover su valoración social y cultural. Como resultado de estos procesos de lucha, hoy la diversidad sexual y de género forma parte de una concepción integral de los derechos humanos, reconociendo y valorando las políticas de memoria, verdad y justicia como un piso desde elcual ir por más y mejores derechos.

A 40 años del golpe cívico militar volvemos a marchar junto a Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas e HIJOS. Marcharemos con las banderas de la diversidad, sumándonos al histórico reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, exigiremos la continuidad de las políticas de derechos humanos y el fin de los travesticidios y crímenes de odio.

Es necesario que continúen las políticas de verdad, los juicios a los represores, la restitución de la identidad robada a los nietos y nietas de las Abuelas de Plaza de Mayo, que los represores cumplan sus condenas en cárceles comunes y también todas las políticas integrales de derechos humanos, como el derecho a una educación sexual integral, con perspectiva de género y diversidad, la salud sexual y (no) reproductiva, los mecanismos de protección y no discriminación, las medidas de acción afirmativa para incluir a las personas trans en ámbitos laborales y los derechos civiles e identitarios sin ningún tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Defendemos estas políticas porque fuimos profundamente parte de las luchas que permitieron su desarrollo, estamos comprometidos con su continuidad y mejora y no estamos dispuestos a tolerar su desmantelamiento, a través del recorte de funciones y/o despidos, como ya sucedió en el programa de salud sexual y reproductiva (que debe aplicar la Ley de Identidad de Género), el INADI y otros organismos.

Es necesario profundizar los esfuerzos por una plena inclusión social, educativa, laboral y previsional de la población LGBTIQ que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social incrementada por la discriminación, especialmente de las personas trans que además de la exclusión educativa y laboral son víctimas de la violencia transfóbica que mata en manos del aparato estatal policial o de las consecuencias del sistema prostibulario. Reclamamos el fin de la violencia machista, patriarcal, homolesbotransfóbica y justicia para los travesticidios de Diana Sacayan (Buenos Aires), Laura Moyano y Vanesa Ledesma (Córdoba) y tantas otras compañeras que han sido brutalmente asesinadas.

Reclamamos también el esclarecimiento de la desaparición de Jorge Julio López y de los recientes ataques fascistas a personas y activistas LGBT en Mar del Plata, Miramar y otros puntos del país en los que se sospecha connivencia de la policía.

Marchamos este jueves 24 de marzo a la Plaza de Mayo y a todas las plazas del país.

¡Te esperamos!

Firman:

Comunidad Homosexual Argentina (CHA)
100% Diversidad y Derechos
Somos (Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires)
Oeste Diversidad e Integración (Hurlingham, Provincia de Buenos Aires)
Amigxs x la Diversidad (Quilmes/ Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires)
Cooperativa Ar Tv Trans Acción Ltda.

Alto Valle Diverso (Río Negro)
Alto Valle Diverso (Neuquén)
Fundación Igualdad (Salta)
Colectivo 108 (Misiones)
Las Safinas (Santa Fe/ Rosario)
Las Tucumanesas (Tucumán)
Devenir Diverse (Córdoba)
100 Diversidad y Derechos (Catamarca)
Agrupación 15 de Julio (Mendoza)
100 Diversidad y Derechos (Chaco)
Las Capitanas (Entre Ríos)
Familias LGBT (Merlo/ San Luís)
100% Diversidad y Derechos (Corrientes)
100% Diversidad y Derechos (Tierra del Fuego)

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Documento completo #niunamenos

Aquí, el texto completo leído en la Plaza de los Dos Congresos:

foto de mafia

Foto: Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs (M.A.F.I.A)

I
En 2008 mataron una mujer cada 40 horas; en 2014, cada 30. En esos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas sólo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta. En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1500 niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a convivir con los asesinos. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. Necesitamos sumar compromisos para cambiar una cultura que tiende a pensar a la mujer como objeto de consumo y descarte y no como una persona autónoma.
El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías: Pero la palabra “femicidio” es, además, una categoría política, es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de Derechos Humanos.
Hablamos entonces de una cultura de la violencia contra las mujeres. Hablamos de hombres que piensan que una mujer es suya y que tienen derecho sobre ella, que pueden hacer lo que quieran, y que cuando esa mujer dice NO, la amenazan, le pegan, la matan para impedir que diga NO.
El femicidio es eso: marcar los cuerpos de las mujeres violentamente, y como amenaza para otras: para que las mujeres no puedan decir que no, para que renuncien a su independencia. Aunque la gran mayoría de las mujeres que recordamos aquí fueron asesinadas por hombres de su círculo íntimo, el femicidio no es un asunto privado, es producto de una violencia social y cultural que los discursos públicos y de los medios vuelven legítima, cada vez que alguien le dice puta a una mujer porque ejerce su sexualidad libremente, cada vez que alguien la juzga por las medidas de su cuerpo, cada vez que alguien la mira con sospecha porque no quiere tener hijos, cada vez que alguien pretende reducirla simplemente al lugar de la buena esposa o la buena madre, destinada a un varón.
El femicidio es un tipo de violencia particular: no es un tema íntimo o doméstico o sólo de las mujeres. En muchos femicidios también fueron asesinados los hijos como parte del castigo proyectado sobre ellas y su propia capacidad de dar vida.
Lo privado es político. Cada mujer que se atreve a decir basta, que quiere dejar de ser víctima para convertirse en sobreviviente, desafía a toda la estructura de la violencia machista. Pero ese es su momento más vulnerable, ahí es cuando con saña se pretende ajusticiarla y es entonces cuando más necesita de otros y de otras que ayuden a sostener
su decisión: redes de afecto, sociales, asistencia del Estado y un activismo político fuerte que insista en decirle que no está sola y que no es su culpa. Para que ese BASTA, que por fin pudo enunciar, se sostenga en el tiempo. Eso es, también, lo que estamos haciendo hoy, acá, en esta plaza pública.
La violencia ejercida en el ámbito doméstico se vincula con cuestiones sociales que deben ser discutidas en la esfera de la política. A diferencia de otros crímenes, el femicidio se puede leer en una cadena: encontramos crímenes casi calcados por todo el país.
Por eso, afirmamos el derecho a decir NO frente a aquello que no se desea: una pareja, un embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido. Afirmamos el derecho a decir NO a los mandatos sociales de sumisión y obediencia.
Y porque decimos NO, podemos decir sí a nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas afectivas, nuestra sexualidad, nuestra participación en la sociedad, en el trabajo, en la política y en todas partes.
II
Los femicidios no deben tratarse como problemas de seguridad. Y la lucha contra ellos exige una respuesta múltiple, de todos los poderes del Estado y todas sus instancias -nacional, provincial, municipal- pero también precisa una respuesta de toda la sociedad civil. Y en especial una respuesta por parte de los y las periodistas, comunicadores y comunicadoras, que son quienes construyen interpelaciones públicas.
En 2009 y por amplia mayoría (con 174 votos afirmativos y 3 abstenciones), el Congreso nacional aprobó la Ley de Protección Integral de las Mujeres, Ley Nº 26.485, un paso importante en la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, todavía está pendiente la reglamentación de algunos artículos, incluido el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Sin la reglamentación completa de la Ley, el diseño de políticas integrales y la asignación del presupuesto necesario para su instrumentación, esta herramienta lograda en 2009 resulta insuficiente para revertir el aumento de la violencia.
En el país existen líneas telefónicas y oficinas especializadas para orientar y asistir a las víctimas que sufren violencia machista. No alcanzan si no son acompañadas de políticas integrales.
No existe en la Argentina un registro oficial de femicidios. Los datos que mencionamos aquí son los que releva año tras año la Organización No Gubernamental Casa del encuentro.
Es fundamental contar con estadísticas oficiales. El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas. En muchas jurisdicciones, son ellas las que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en comisarías. Este sistema de doble denuncia está apoyado en la falta de confianza de la Justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad del agresor. El aporte de pruebas y testigos depende enteramente de las víctimas y, si no lo hacen, las causas quedan paralizadas y luego se archivan. Se trata de un modelo de gestión judicial de la violencia contra las mujeres que suma desprotección y que no garantiza medidas efectivas. Con la impunidad para el agresor, el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la denunciante: la violencia institucional. Muchas de las víctimas de femicidios habían denunciado antes y en reiteradas ocasiones al asesino.
A tantas otras mujeres no quisieron tomarles las denuncias. Esta inercia no puede continuar. Hay mujeres golpeadas y asesinadas por afirmar sus propias decisiones. Otras están desaparecidas, víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual o laboral, y sus destinos siguen sin conocerse. En torno a algunas de esas mujeres desaparecidas se sospechan tramas mafiosas que incluyen la participación de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Por ellas también pedimos justicia.
El modo en que los medios, mayoritariamente, tratan el problema, debe transformarse por completo: en muchos casos culpabilizan a las víctimas de su destino: hablan de su vestimenta, sus amistades, sus modos de divertirse. En el fondo, agitan allí el “algo habrán hecho”. Necesitamos medios comprometidos en la elaboración de protocolos, además del imprescindible cumplimiento de los protocolos existentes y de los códigos de ética para las coberturas periodísticas de estos casos.
La televisión repite imágenes y palabras que ubican a las mujeres en situaciones de desigualdad, dominación y discriminación. Repite estereotipos. El tratamiento noticioso de los casos de niñas y mujeres asesinadas o desaparecidas, con la invasión de la intimidad de las víctimas y la insistencia en revelar el modus operandi del asesino, contribuyen a que el femicidio se naturalice o se lo convierta en insumo para que el show continúe. Y esto ayuda a su reproducción.
Decimos Ni una menos, con el dolor de la suma de víctimas que crece y crece. Esta convocatoria masiva, esta enorme y comprometida participación social, son un grito unánime.
Es la manera que encontramos, en todas las plazas del país, con la movilización, con el dolor común, con la preocupación y la necesidad urgente, de poner en marcha acciones coordinadas que ataquen el problema; desde el origen -la cultura machista-, y hasta el fin de la cadena: la mujer golpeada, la mujer asesinada.
El Estado y los poderes reales, junto con la ciudadanía, debemos comprometernos a perfeccionar los instrumentos para combatir la violencia contra las mujeres, nuevos esfuerzos deben sumarse, codo a codo con el esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres, feministas, ONGs y personas comprometidas que trabajan en esto desde hace tiempo.
Es que los derechos de unas son los derechos de todos. La preservación de la vida y las decisiones de las mujeres son ampliación de libertad para todos y para todas. Forjemos nuevos modos de convivencia, estrategias para hilar cada vez mejor la trama de la vida en común. No queremos más lágrimas de duelo y sí más avances que festejar.
No queremos más mujeres muertas por femicidio. Nos queremos vivas. A todas.
III
Pedimos, entonces, una serie de puntos ineludibles para recorrer el camino hacia Ni una menos:
1. Instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la LEY N º 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Puesta en marcha del Plan Nacional que allí se establece.
2. Recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres incluyendo los índices de femicidios.
3. Apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto de agilizar las medidas cautelares de protección. Federalización de la línea 137.
4. Garantías para la protección de las víctimas de violencia. Implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia.
5. Garantías para el acceso de las víctimas a la Justicia. Atención de personal capacitado para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. Vinculación de las causas de los fueros civil y penal. Patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial.
6. Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática.
7. Creación de más Hogares/Refugio en la emergencia, Hogares de Día para víctimas, y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género.
8. Incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género, la temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos violentos.
9. Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales, así como a profesionales que trabajan con la temática de violencia en diferentes dependencias oficiales de todo el país.
Todas las medidas requieren creación de instancias de monitoreo y seguimiento para su puesta en práctica y funcionamiento efectivo.
Erradicar la violencia contra las mujeres puede ser difícil pero no es imposible. Ni una menos es un grito colectivo, es meterse donde antes se miraba para otro lado, es revisar las propias prácticas, es empezar a mirarnos de otro modo unos a otras, es un compromiso social para construir un nuevo nunca más. Repetimos. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. A todas.

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#niunamenos

niunamenos cuadrado

¡Basta! Este miércoles 3 de junio juntamos nuestras voces, cuerpos, memorias. Nuestra lucha que hoy, más que nunca, se expresa colectiva, se concentrará en la calles. Nuestros reclamos serán un grito reflexivo y activo.

¡Basta! Iremos impregnadas/os de las historias de nuestras niñas, niños y mujeres asesinadas y violentadas por el machismo y el patriarcado. Llevaremos sus relatos truncos, los convertiremos en acción.

¡Basta! No se trata de hechos aislados o sobrenaturales, existe un sistema que promueve, permite, desinforma y  justifica la jerarquización en nuestra sociedad.

Nos movilizamos:

  • Por una Justicia con perspectiva de género y no discriminatoria. Juicio político a jueces y fiscales que convalidan la violencia y perpetúan la impunidad. Creación de un Observatorio judicial.
  • Por medios de comunicación comprometidos en la igualdad. No a la desinformación, no a la reproducción de la cultura del machismo.
  • Aplicación ya de la ley de violencia contra las mujeres. Plan Nacional. Registro de estadísticas. Patrocinio jurídico al servicio de todas las mujeres víctimas de violencia.
  • Por presupuesto e inversión real, efectivo y federal en lucha contra la violencia contra las mujeres.
  • Por unas Fuerzas de Seguridad acordes al paradigma de la seguridad democrática, concientizadas en la prevención y el accionar en casos de violencia de género.
  • Campañas permanentes y efectivas de difusión de derechos, prevención y concientización en la problemática de las violencias.
  • Aborto legal, seguro y gratuito. Aplicación en todas las provincias de la Ley de educación sexual.
  • Inclusión de la orientación sexual e identidad de género en la Ley antidiscriminatoria. No a la invisibilización de los crímenes de odio contra las lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, intersexuales y queers.

¡Basta de femicidios! ¡Basta de violencia machista! ¡#niunamenos!

Todos los derechos para todas y todos.

Nos encontramos 17hs. en Rivadavia y Rodríguez Peña.

SUMATE!

100% Diversidad y Derechos

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Radio Mitre difundirá hasta fin de año spots sobre la Ley de Identidad de Género

Martín Canevaro y Cristina Pérez de 100% Diversidad y Derechos junto con la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano.

Fueron realizados como parte de la reparación de los daños causados por las declaraciones transfóbicas del periodista Jorge Lanata sobre la actriz Florencia de la V.

Los cortos informativos sobre la Ley de Identidad de Género fueron el resultado de las gestiones de la Defensoría del Público, impulsadas por la denuncia que presentaron ante el organismo 100%  Diversidad y Derechos y otras agrupaciones y personas LGBT.

Como parte de las acciones  reparatorias, se realizó una jornada de capacitación dirigida a trabajadores de prensa de la emisora y otros medios.  La capacitación se llevó a cabo el viernes 7 de noviembre y fue dada por Martín Canevaro y Cristina Pérez de 100%  Diversidad y Derechos.

La capacitación estuvo dirigida a trabajadores de prensa.

En la Argentina existen cientos de familias LGBT con hijos e hijas y los medios masivos de comunicación deben respetar los roles de género y de crianza de cada familia. Por eso valoramos el trabajo realizado por la Defensoría del Publico para  canalizar el pedido de las organizaciones LGBT ante los representantes de Radio Mitre; y lograr que la emisora repare en parte la vulneración de derechos de las personas trans mediante la difusión de los spots  informativos sobre la Ley de Identidad de Género que se pueden escuchar aquí:

Spot contra la discriminación por identidad de género 1

Spot contra la discriminación por identidad de género 2

 

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100% Diversidad y Derechos invitadx por la UNESCO a la Consulta Regional sobre homo-transfobia en ámbitos educativos

La consulta fue convocada por la Oficina Regional de Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para América Latina y el Caribe.  Se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, entre los días 28 y 31 de octubre de 2014 y participaron representantes de organizaciones LGBT, ministerios de educación y otros organismos estatales de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Peru, Colombia, El Salvador, Cuba y México.

Christophe Cornu (Unesco Francia), Mary Guinn (Unesco Americalatina) y Martín Canevaro (100% Diversidad y Derechos)

El encuentro se enmarca dentro de las actividades  a favor del derecho a una educación de calidad para todos y todas que UNESCO promueve para lograr una respuesta integral que enfrente los distintos tipos de violencia que se expresan en el ambiente educativo; inclusive las motivadas por género, orientación sexual o identidad de género.  El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, declaró en 2011 que el bulling homofóbico es “un ultraje moral, una grave violación a los derechos humanos y una crisis de salud pública”.

En 2013, con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos, UNESCO lanzó la iniciativa “Educación y respeto para todos y todas: prevención del bullying homofóbico y transfóbico en instituciones educativas.”. Este añola Consulta fue organizada con el objetivo de analizar la violencia homo-transfóbica en los centros educativos de la región, compilar buenas prácticas y políticas respecto de marcos normativos y adaptaciones curriculares y de otras herramientas. También incluyó un diálogo sobre  el rol de la educación en la respuesta a la homo-transfobia; y la relación entre el sector de educación, otros sectores gubernamentales, la sociedad civil y los académicos.

 

100% Diversidad y Derechos expuso el trabajo conjunto que desarrolla con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para promover escuelas libres de discriminación.   En ese sentido, el objetivo es deconstruir, desde la formación docente, el heterosexismo como ideología predominante en los ámbitos educativos; para que todas las identidades sexuales y familias puedan visibilizarse y ser social y pedagógicamente valoradas.

Los resultados de la consulta serán un insumo relevante para el primer Informe Global sobre la Violencia Homofóbica y Transfóbica en Instituciones Educativas que será elaborado por la UNESCO. Se presentará en la sede del organismo en París, durante la reunión internacional con Ministros de Educación en 2016. Por otro lado, se establecieron durante el encuentro vínculos de cooperación para darle continuidad a proyectos de investigación y prevención de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la educación.

Participantes de la consulta regional de la UNESCO sobre violencia homofóbica y transfobica en la educación.

Para ver la Manifestación de los/as Participantes de la Consulta Regional sobre Violencia Homofóbica y Transfóbica en las Instituciones Educativas en América Latina y el Caribe hacé click aquí

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100% Diversidad y Derechos en Bariloche: Más avances en las buenas prácticas registrales para la población LGBT.

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Martín Canevaro y Andrea González, de 100% Diversidad y Derechos y activistas de la Colectiva Gereando Generxs junto con Ana María Giménez, Directora del Registro Civil de Bariloche

El viernes 12 de septiembre 100% Diversidad y Derechos estuvo en Bariloche, donde se llevaron a cabo una serie de actividades como parte del desarrollo de la Red Nacional de Familias LGBT.  Martín Canevaro y Andrea González y activistas de la Colectiva Generando Génerxs mantuvieron una entrevista con la Directora del Registro Civil de Bariloche, Ana María Giménez, para promover buenas prácticas registrales. Además participaron de una reunión con representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER/ CTERA) y de la Central de Trabajadores de la Argentina provincial. Finalmente se realizó, como en todos los viajes, un encuentro con las familias.

Durante la entrevista en el Registro Civil se presentó la Red Nacional de Familias LGBT con hijos e hijas constituida en noviembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  También se relevaron las prácticas registrales relacionadas con las inscripciones de nacimientos de hijos e hijas, matrimonio y cambio de identidad de género y sexo registral. En la reunión se destacó la modificación realizada por la provincia en las actas matrimoniales para no distinguir a los contrayentes por su género; al mismo tiempo que se acordó  no consignar como “cónyuge” a la madre no gestante ni realizar tachaduras o aclaraciones improcedentes o discriminatorias.

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Sobre la emisión de nuevas actas de matrimonio y/o nacimiento de hijos e hijas de personas trans que hayan cambiado su identidad de género con posterioridad a esas inscripciones, la funcionaria se comprometió a elevar el tema en consulta al Director Provincial; que a pesar de haber trasladado la reunión de Viedma a Bariloche, finalmente no se hizo presente. 100% Diversidad y Derechos aportó jurisprudencia y decisiones administrativas que habilitan esos pedidos y solicitó que la provincia garantice el pleno ejercicio de los derechos de las personas trans.

En la reunión con representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER/ CTERA) y de la Central de Trabajadores de la Argentina provincial se acordaron acciones de capacitación docente y gremial en materia de diversidad sexual.  Participaron el Secretario General del sindicato docente de Bariloche, Edgardo Straini y el Secretario General de la CTA provincial, Jorge Molina. Los activistas de las organizaciones relataron las vivencias de discriminación de estudiantes y docentes LGBT y se coincidió en la necesidad de impulsar “escuelas libres de discriminación” en la ciudad de Bariloche.

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Finalmente, llegó el momento de intercambiar experiencias con la Colectiva Generando Generxs y familias LGBT. Se debatió el impacto de la reforma del Código Civil en lo relacionado a familias y el acceso a la salud integral, particularmente de las personas trans  masculinas. También se expusieron temas y propuestas surgidos del Encuentro Nacional de Familias LGBT con hijos e hijas, del que se mantuvo el espíritu de colaboración y entusiasmo.

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Equidad de género en los medios

Los días 22 y 23 de julio participamos de las jornadas organizadas por la Defensoría del Público, “Buenas prácticas: Equidad de género en la radio y la TV”, en las cuales debatimos sobre la cobertura periodística de casos de violencia hacia las mujeres y en casos que involucren a personas LGBTIQ. Además, firmamos un acta compromiso en la cual acordamos seguir trabajando en conjunto. Firma del acta

En los encuentros nos reunimos con compañeras y compañeros de otras organizaciones para poner en común experiencias, perspectivas y recomendaciones que puedan favorecer la construcción de una comunicación al servicio del pueblo, en toda su diversidad y de manera respetuosa.

Si bien se ha avanzado en cuanto a evitar las visiones patologizantes del colectivo LGTBIQ en los medios de comunicación, todavía persisten representaciones de estereotipos rígidos y excluyentes que terminan siendo discriminatorias para gays, lesbianas y trans. Así como una supuesta neutralidad que en realidad lo que hace es esconder un discurso normalizador. Encuentro Defensoría del Público

Nuestra compañera, Andrea Majul dijo que “la cobertura de las personas trans está casi exclusivamente asociada a la prostitución, al mundo del espectáculo y a la delincuencia. Los transexuales son siempre ´travestis´ y tratados en masculino. Poner el nombre de la identidad de género autopercibida entre comillas también es ofensivo, al igualarlo a un alias o un apodo, y no a su identidad”. Andrea también resaltó que “principios tales como escuchar, dar voz, verificar, contextualizar y respetar no debieran ser excepciones, por esto es que abogamos por la inclusión de ética periodística en las escuelas de formación profesional”.

Esperamos seguir trabajando en conjunto con las organizaciones que participaron de las jornadas y con la Defensoría del Público para poder trazar el camino hacia una comunicación realmente democrática.

Equidad de género en los medios

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