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24 de marzo 1976 – 2016: Comunicado de las agrupaciones LGBTIQ

imagen fondo 40aniversariogolpeblogFuimos, somos y seremos parte de las luchas.
Amar libremente en un país liberado.

A 40 años de la última dictadura cívico- militar – clerical renovamos nuestro compromiso de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia al mismo tiempo que reivindicamos la memoria de los detenidxs-desaparecidxs LGTBIQ y del Frente de Liberación Homosexual (FLH). En el contexto actual reclamamos, además, la plena continuidad de las políticas de derechos humanos y el fin de los travesticidios y crímenes de odio.

La Dictadura cívico-militar – clerical iniciada el 24 de marzo de 1976 instauró no sólo un autoritarismo político sino también moral. La represión al movimiento popular no excluyó la persecución a lesbianas, gays y personas trans como parte de los dispositivos de disciplinamiento de la sociedad, principalmente de la juventud. Desde los importantes avances en materia de Memoria, Verdad y Justicia; queremos visibilizar la historia de la violencia estatal que aún hoy se ejerce contra la comunidad LGBTIQ.

Trabajadorxs, estudiantxs, artistxs y escritorxs LGBTIQ también formaron parte de las luchas del pueblo argentino por una transformación social más amplia, pero la represión que sufrieron no fue procesada socialmente ni formó parte de las causas judiciales. Fuimos víctimas del autoritarismo político y moral. Durante el primer año del golpe, el Grupo Nuestro Mundo (antecesor del Frente de Liberación Homosexual) denunció ante los medios de comunicación los arrestos arbitrarios que sufrían las personas LGBTIQ y cómo se las obligaba a firmar declaraciones incriminatorias amparadas en edictos policiales como el “2 H”. También el escritor y activista del FLH Néstor Perlongher (1981) realizó denuncias similares, en las que señaló la existencia de una “limpieza moral” a través de razias policiales y detenciones.

El informe de la CONADEP invisibilizó la orientación sexual y las identidades de género de lxs detenidxs-desaparecidxs e ignoró el sadismo particular del que fueron víctimas durante la tortura. Recién en el año 2011 la CONADEP recibió la declaración de personas trans detenidas en centros clandestinos. En este marco, entre las asignaturas pendientes, y como parte del derecho a la verdad, reclamamos nuestro derecho a saber qué pasó con lxs detenidxs-desaparecidxs LGTBIQ, a conocer sus historias militantes y que se visibilice la represión que sufrieron por su orientación sexual e identidad de género.

Sabemos que el restablecimiento de la democracia fue un proceso frágil y condicionado por distintos factores. Fue una bisagra el juicio civil a las Juntas Militares, que produjo además de una primera condena por parte del Estado, una condena social masiva al período dictatorial. En ese incipiente período democrático también fue posible empezar a cuestionar el machismo y el integrismo moral, con la sanción del divorcio vincular.Sin embargo, durante los primeros años de la democracia continuó fuertemente la persecución policial a nuestra comunidad y aún ya más afianzada la democracia y a pesar de la igualdad ante la ley que declara la constitución nacional, lesbianas, gays, bisexuales y trans no fuimos reconocidxscon los mismos derechos que la población heterosexual sino hasta hace muy poco tiempo. Esto constituyó un déficit democrático que fue tan naturalizado como invisibilizado.

Ubicar las reivindicaciones del movimiento LGTBIQ en el marco de los derechos humanos fue un largo proceso. Durante muchos años la diversidad sexual y de género fue excluida de la agenda de derechos y se la limitó a la órbita de la salud y el VIH. En el debate público, político e institucional fuimos patologizadxs, estigmatizadxs y criminalizadxs. Recién después de la decisión de la Organización Mundial de la Salud de retirar la homosexualidad de su listado de enfermedades mentales en 1990, pudimos comenzar a superar el discurso médico y que se nos reconozca en el campo de los derechos humanos.

El Estado Argentino llegó incluso a negar el derecho de asociación a lesbianas, gays y trans, situación que recién fue revertida en el año 1991, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó otorgarle la personería jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina y en 2006 a la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. Los artículos de los Códigos Contravencionales y de Faltas que penalizaban la homosexualidad y el travestismo, que dieron lugar a innumerables detenciones arbitrarias y torturas, finalmente fueron eliminados al año siguiente. Lamentablemente, aún hoy se utilizan figuras abiertas, como la averiguación de identidad o de antecedentes, y el ejercicio de la prostitución, para perseguir a la población LGTBIQ; en especial a personas trans. Esas detenciones funcionan como un modo de disciplinamiento social, pretenden establecer un patrón valorativo sobre la actitud, la vestimenta y el aspecto de las personas que pasan a ser sospechosas según el criterio policial. Una de las finalidades de estos dispositivos es la expulsión del espacio público de quienes recurren a él para subsistir para luego habilitar su uso bajo coerción a cambio de coimas.

La lucha de los organismos de derechos humanos, la nulidad de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y de los decretos de indulto, el posterior inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad y la restitución de la identidad a cientos de hijos e hijas de detenidos desaparecidos ubicaron a los Derechos Humanos en un lugar central en nuestro país.

En un contexto de ampliación de derechos la lucha del movimiento LGTBIQ hizo sinergia con otros movimientos sociales y políticos, lo que nos permitió construir mayorías parlamentarias e impulsar políticas públicas. El 15 de julio de 2010 nuestro país dio una vuelta de página en su historia, convirtiéndose en el décimo país en el mundo y el primero en América Latina en reconocer por ley el derecho a contraer matrimonio civil a las parejas del mismo género. Dos años más tarde se aprobó la Ley de Identidad de Género, primera en el mundo en eliminar todo carácter patologizante en sus procedimientos, que en alguna medida vino a comenzar a reparar décadas de exclusión de los derechos más básicos de la población trans.

La sanción de estas leyes comenzó a revertir la peor forma en la que se expresa la discriminación: la institucional, la generada y legitimada por el propio Estado y provocó el inicio de un incipiente proceso de desarrollo de políticas públicas específicas, dirigidas a incluir a la diversidad sexual y de género y promover su valoración social y cultural. Como resultado de estos procesos de lucha, hoy la diversidad sexual y de género forma parte de una concepción integral de los derechos humanos, reconociendo y valorando las políticas de memoria, verdad y justicia como un piso desde elcual ir por más y mejores derechos.

A 40 años del golpe cívico militar volvemos a marchar junto a Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas e HIJOS. Marcharemos con las banderas de la diversidad, sumándonos al histórico reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, exigiremos la continuidad de las políticas de derechos humanos y el fin de los travesticidios y crímenes de odio.

Es necesario que continúen las políticas de verdad, los juicios a los represores, la restitución de la identidad robada a los nietos y nietas de las Abuelas de Plaza de Mayo, que los represores cumplan sus condenas en cárceles comunes y también todas las políticas integrales de derechos humanos, como el derecho a una educación sexual integral, con perspectiva de género y diversidad, la salud sexual y (no) reproductiva, los mecanismos de protección y no discriminación, las medidas de acción afirmativa para incluir a las personas trans en ámbitos laborales y los derechos civiles e identitarios sin ningún tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Defendemos estas políticas porque fuimos profundamente parte de las luchas que permitieron su desarrollo, estamos comprometidos con su continuidad y mejora y no estamos dispuestos a tolerar su desmantelamiento, a través del recorte de funciones y/o despidos, como ya sucedió en el programa de salud sexual y reproductiva (que debe aplicar la Ley de Identidad de Género), el INADI y otros organismos.

Es necesario profundizar los esfuerzos por una plena inclusión social, educativa, laboral y previsional de la población LGBTIQ que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social incrementada por la discriminación, especialmente de las personas trans que además de la exclusión educativa y laboral son víctimas de la violencia transfóbica que mata en manos del aparato estatal policial o de las consecuencias del sistema prostibulario. Reclamamos el fin de la violencia machista, patriarcal, homolesbotransfóbica y justicia para los travesticidios de Diana Sacayan (Buenos Aires), Laura Moyano y Vanesa Ledesma (Córdoba) y tantas otras compañeras que han sido brutalmente asesinadas.

Reclamamos también el esclarecimiento de la desaparición de Jorge Julio López y de los recientes ataques fascistas a personas y activistas LGBT en Mar del Plata, Miramar y otros puntos del país en los que se sospecha connivencia de la policía.

Marchamos este jueves 24 de marzo a la Plaza de Mayo y a todas las plazas del país.

¡Te esperamos!

Firman:

Comunidad Homosexual Argentina (CHA)
100% Diversidad y Derechos
Somos (Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires)
Oeste Diversidad e Integración (Hurlingham, Provincia de Buenos Aires)
Amigxs x la Diversidad (Quilmes/ Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires)
Cooperativa Ar Tv Trans Acción Ltda.

Alto Valle Diverso (Río Negro)
Alto Valle Diverso (Neuquén)
Fundación Igualdad (Salta)
Colectivo 108 (Misiones)
Las Safinas (Santa Fe/ Rosario)
Las Tucumanesas (Tucumán)
Devenir Diverse (Córdoba)
100 Diversidad y Derechos (Catamarca)
Agrupación 15 de Julio (Mendoza)
100 Diversidad y Derechos (Chaco)
Las Capitanas (Entre Ríos)
Familias LGBT (Merlo/ San Luís)
100% Diversidad y Derechos (Corrientes)
100% Diversidad y Derechos (Tierra del Fuego)

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Transfobia: para el diario La Nación, la inclusión es absurda.

Repudiamos el editorial del diario La Nación del domingo 1 de noviembre e instamos a los editores a revisar estas declaraciones que lo único que provocan es el odio de los heterosexuales contra las personas trans.

En la nota titulada Absurdo cupo para travestis y transexuales se critica la recientemente aprobada “ley de cupo trans” de la provincia de Buenos Aires que establece que la administración pública provincial debe garantizar un mínimo de un 1% de trabajador*s trans.

La nota, publicada el 1ero de noviembre, incurre en una serie de absurdos tan malintencionados como mentirosos.

La nota, publicada el 1ero de noviembre, incurre en una serie de absurdos tan malintencionados como mentirosos.

Por medio de una enmarañada argumentación y de una errática terminología -que al confundir “elección” con orientación sexual o identidad de género  resulta ya ofensiva por lo negligente- la pieza editorial sostiene que implementar esta acción afirmativa es discriminar a las personas trans por considerarlas incapaces de conseguir trabajo por sus propios medios.  Al mismo tiempo el artículo recurre a la extraña noción de “discriminación invertida” que sufrirían las personas heterosexuales por no gozar del mismo supuesto “privilegio”.

Si lo que preocupa a los editores es la segregación de las personas trans, pueden estar tranquilos que esta ley no solo no discrimina a este grupo, sino que garantiza su protección. La norma repara una inequidad en el mercado de trabajo que las personas trans sufren al ser marginadas en tanto personas trans. La evidencia está frente a cualquiera que quiera abrir los ojos. Lo que subsana no es una incapacidad de origen sino una injusticia del contexto social que las afecta particular y muy gravemente por su identidad de género;  injusticia que las personas heterosexuales  NO sufren. El absurdo es sostener que ser heterosexual sea lesivo.

El artículo 16 de nuestra Constitución Nacional que indica que todos somos iguales ante la ley, se debe completar con las acciones afirmativas, también incluidas en nuestra Carta Magna, además de en numeroso Tratados Internacionales.

Cuando una ley o política distingue pero para “incluir”, es decir, para desbaratar obstáculos en el acceso a derechos, no sólo no discrimina: contribuye a lograr con efectividad el ideario de igualdad.

La igualdad de oportunidades es una proclama vacía si no se la completa con la igualdad de posiciones. Y hasta tanto exista esta  paridad entre personas trans y cisexuales (*), varones y mujeres; las leyes de cupo seguirán siendo necesarias.

 

(*) Aquellas personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer.

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Guía de atención de la salud integral de personas trans

En el marco de la implementación efectiva de la Ley de identidad de género en el ámbito de la salud, el Ministerio de Salud de la Nación, elaboró un material especialmente dirigido a lxs efectorxs sanitarios con el objeto de continuar erradicando las prácticas discriminatorias y patologizantes hacia las personas trans.

Este aporte se suma a la reglamentación del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género que establece que todas estas prestaciones “deben ser incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO)” y que “los servicios de salud del sistema público, de la seguridad social de salud y de los sistemas privados deben incorporarlas a sus coberturas”.

Clickeando en la imagen, podrán acceder a esta Guía.

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#niunamenos

niunamenos cuadrado

¡Basta! Este miércoles 3 de junio juntamos nuestras voces, cuerpos, memorias. Nuestra lucha que hoy, más que nunca, se expresa colectiva, se concentrará en la calles. Nuestros reclamos serán un grito reflexivo y activo.

¡Basta! Iremos impregnadas/os de las historias de nuestras niñas, niños y mujeres asesinadas y violentadas por el machismo y el patriarcado. Llevaremos sus relatos truncos, los convertiremos en acción.

¡Basta! No se trata de hechos aislados o sobrenaturales, existe un sistema que promueve, permite, desinforma y  justifica la jerarquización en nuestra sociedad.

Nos movilizamos:

  • Por una Justicia con perspectiva de género y no discriminatoria. Juicio político a jueces y fiscales que convalidan la violencia y perpetúan la impunidad. Creación de un Observatorio judicial.
  • Por medios de comunicación comprometidos en la igualdad. No a la desinformación, no a la reproducción de la cultura del machismo.
  • Aplicación ya de la ley de violencia contra las mujeres. Plan Nacional. Registro de estadísticas. Patrocinio jurídico al servicio de todas las mujeres víctimas de violencia.
  • Por presupuesto e inversión real, efectivo y federal en lucha contra la violencia contra las mujeres.
  • Por unas Fuerzas de Seguridad acordes al paradigma de la seguridad democrática, concientizadas en la prevención y el accionar en casos de violencia de género.
  • Campañas permanentes y efectivas de difusión de derechos, prevención y concientización en la problemática de las violencias.
  • Aborto legal, seguro y gratuito. Aplicación en todas las provincias de la Ley de educación sexual.
  • Inclusión de la orientación sexual e identidad de género en la Ley antidiscriminatoria. No a la invisibilización de los crímenes de odio contra las lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, intersexuales y queers.

¡Basta de femicidios! ¡Basta de violencia machista! ¡#niunamenos!

Todos los derechos para todas y todos.

Nos encontramos 17hs. en Rivadavia y Rodríguez Peña.

SUMATE!

100% Diversidad y Derechos

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Exigimos la urgente suspensión de Sal Llargues y Piombo, la creación de un Observatorio Judicial y la reforma en la selección de jueces y juezas

Este martes 19 de mayo, 100% Diversidad y Derechos presentó, ante la Comisión Bicameral de Juicio Político de la Provincia de Buenos Aires, un pedido que exige el impulso y avance expeditivo del enjuiciamiento a los camaristas Benjamín Sal Llargues y Horacio Piombo.

foto notas JP

 

Si bien estos jueces  se encuentran siendo enjuiciados por otro fallo aberrante en el caso de dos niñas violadas, no se han obtenidos avances sustantivos en cuatro años. Solicitamos que se agregue a la causa la sentencia que redujo la pena de un violador con argumentos machistas y discriminatorios, que revictimizaron al niño abusado. También pedimos la creación de un Observatorio de Fallos Judiciales y que el Consejo de la Magistratura incorpore contenidos de género y diversidad sexual en el proceso de evaluación para la designación de jueces y fiscales.

Los jueces Sal Llargues y Piombo, del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ya poseen iniciado un juicio político que duerme en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento del Senado provincial. El presidente del Jury de Enjuiciamiento, Dr. Juan Carlos Hitters (Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires) debe acelerar al máximo los mecanismos previstos en la Ley y convocar de modo urgente al jury de Sal Llargues y Piombo, que ya declaró la admisibilidad de la denuncia por el fallo de 2011.

Por ese motivo, 100% Diversidad y Derechos reclamó al presidente de la Comisión Bicameral de Juicio Político, el diputado Leonel Omar Zacca y a los presidentes de todos los bloques parlamentarios, que impulsen el enjuiciamiento y se avance de modo urgente con la suspensión y posterior destitución de los jueces.

Durante la visita a la legislatura provincial los Diputados Juan Carlos Juárez (GEN – miembro de la Bicameral), María Fernanda Raverta, Marcelo Torres y Guido Lorenzino (FPV) expresaron su apoyo al juicio político. Lorenzino, integrante del Consejo de la Magistratura, recibió el planteo de la necesidad de incorporar contenidos sobre género, diversidad sexual y no discriminación en el proceso de evaluación para la designación de jueces y fiscales. La necesidad de crear un Observatorio de Fallos Judiciales como herramienta para que la sociedad pueda informarse y estar al tanto del contenido de las sentencias, también formó parte del diálogo con los legisladores.

Desde 100% Diversidad y Derechos sostenemos que el fallo que atenuó la pena del violador resulta inaceptable por su carácter contrario a la Convención sobre los derechos del Niño y su contenido discriminatorio, machista y homofóbico: “es claro que la elección sexual del menor… ya había sido hecha” y fue definida como “un torcimiento del desarrollo sexual del menor”.  Por ese motivo, según la sentencia, no verificaron el supuesto de que “el abuso sexual haya resultado en concreto gravemente ultrajante”. Así, fundaron su fallo en una “familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la disposición de su sexualidad se refiriera”.

Reclamamos que el Presidente la Suprema Corte provincial convoque de inmediato al Jury de Enjuiciamiento que determine la suspensión de Sal Llargues y Piombo, mientras se sustancia el proceso, de manera que evite la futura intervención de estos magistrados.

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Dolce & Gabbana: Nuestras familias y el enemigo interior

Se nace y tienes un padre y una madre, o por lo menos así debería ser. Por eso no me convencen los hijos de la química, sintéticos…” son declaraciones que podrían haber sido formuladas por algún trasnochado líder ultraconservador.  Sin embargo salieron de la boca de los diseñadores Doménico Dolce y Stefano Gabbana, quienes deslegitimaron a las familias que recurren a tecnologías reproductivas con un lapidario “procrear debe ser un acto de amor”.

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Lo llamativo de esta validación del modelo familiar patriarcal como único posible es que viene de dos varones gays dedicados al mundo de la moda, que viven y se rodean de estrellas que van desde Madonna hasta Elton John; quien llamó a un boicot a la marca al que adhirieron varias personalidades del espectáculo internacional. Entonces, recurrieron a otra de las estrategias preferidas de quienes reniegan de la igualdad sin más razón que la subjetividad de los necios: acusaron al cantante inglés de fascista, cuando es el orden heterosexista el que impuso un régimen que nos segrega de derechos humanos básicos, y aún hoy nos condena hasta a la muerte en distintos países del mundo.  Se ampararon en el derecho a “opinar distinto”, como si el derecho a la familia fuera materia opinable.

Desde este hemisferio puede parecernos ajena la polémica, pero vale como inspiración para responder a empresas, publicidades o candidatos que discriminen. Ratifiquemos el compromiso de defender cada uno de nuestros derechos, que ya son patrimonio de toda la sociedad argentina.

 

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Radio Mitre difundirá hasta fin de año spots sobre la Ley de Identidad de Género

Martín Canevaro y Cristina Pérez de 100% Diversidad y Derechos junto con la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano.

Fueron realizados como parte de la reparación de los daños causados por las declaraciones transfóbicas del periodista Jorge Lanata sobre la actriz Florencia de la V.

Los cortos informativos sobre la Ley de Identidad de Género fueron el resultado de las gestiones de la Defensoría del Público, impulsadas por la denuncia que presentaron ante el organismo 100%  Diversidad y Derechos y otras agrupaciones y personas LGBT.

Como parte de las acciones  reparatorias, se realizó una jornada de capacitación dirigida a trabajadores de prensa de la emisora y otros medios.  La capacitación se llevó a cabo el viernes 7 de noviembre y fue dada por Martín Canevaro y Cristina Pérez de 100%  Diversidad y Derechos.

La capacitación estuvo dirigida a trabajadores de prensa.

En la Argentina existen cientos de familias LGBT con hijos e hijas y los medios masivos de comunicación deben respetar los roles de género y de crianza de cada familia. Por eso valoramos el trabajo realizado por la Defensoría del Publico para  canalizar el pedido de las organizaciones LGBT ante los representantes de Radio Mitre; y lograr que la emisora repare en parte la vulneración de derechos de las personas trans mediante la difusión de los spots  informativos sobre la Ley de Identidad de Género que se pueden escuchar aquí:

Spot contra la discriminación por identidad de género 1

Spot contra la discriminación por identidad de género 2

 

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