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El desafío de sostener el valor social, histórico y político de la marcha del orgullo

Balance de la XXVI Marcha del Orgullo LGBTIQ

En la Ciudad de Buenos Aires marchamos el pasado sábado 18 de noviembre, ayudadxs por un día cálido y soleado en contraste con el  diluvio bajo el cual atravesamos Avenida de Mayo el año pasado. Alrededor de 150.000 personas  ocupamos la Plaza de Mayo y marchamos hacia el Congreso. La XXVI Marcha del Orgullo LGBTIQ se realizó bajo la vigencia de un “Protocolo” de detención de personas LGBT y – por primera vez – sin escenario para el acto principal, ritual que hace años se realiza frente al Parlamento.

La vigencia del poder del movimiento en un contexto de retrocesos

La masividad, diversidad y pluralidad de ésta –y de las demás marchas realizadas a lo largo y ancho de todo el país- confirman que nuestro movimiento es un actor social y político de envergadura en la sociedad argentina y que posee reclamos urgentes que el Estado nacional – y los provinciales y municipales – deben atender de manera prioritaria.

Todas las marchas coincidieron en expresar cabalmente la situación de denuncia y resistencia a múltiples embates. Nos enfrentamos a retrocesos, a la ausencia de políticas públicas y a la falta de nuevas conquistas legislativas que festejar.

Nuestro  principal reclamo está dirigido  contra la violencia en base a la orientación sexual e identidad de género, al desmantelamiento de políticas que nos subsumen en una ciudadanía precaria y contra expresiones de autoritarismo estatal y social que se ven hoy legitimadas. Por ello, denunciamos los travesticidios y transfemicidios y la violencia institucional, principalmente la ejercida por la policía, jueces, fiscales y médicxs.

“Todas las marchas coincidieron en expresar cabalmente la situación de denuncia y resistencia a múltiples embates. Nos enfrentamos a retrocesos, a la ausencia de políticas públicas y a la falta de nuevas conquistas legislativas que festejar.”

No contamos aún con una Ley antidiscriminatoria que nos incluya, ni con una ley que ampare los derechos de las personas intersex, ni con una nueva ley de Vih y Hepatitis. En el ámbito de la salud se incumple el acceso pleno a las técnicas de reproducción humana asistida, a la donación de sangre, a la salud sexual y reproductiva, a las prestaciones la ley de identidad de género y de la Vih. En el ámbito educativo está primando un concepto mercantilista, persiste la exclusión de las personas trans y la violencia hacia estudiantes LGBTI, se desmanteló la educación sexual integral (ESI). En el ámbito laboral no se ha logrado la real inserción del colectivo trans; y respecto del acceso a la justicia, ni siquiera se han hecho los primeros avances.

Estos retrocesos se verifican en un contexto donde todxs sentimos cada vez más la carestía de la vida: el esfuerzo para llegar a fin de mes de quienes tienen trabajo y lo cuesta arriba que se hace a quienes siguen excluidxs del mercado laboral.

La ausencia de política para construir unidad en la diversidad

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) es un espacio autoconvocado y de participación libre cuya única función es la organización del evento. Desde 100% Diversidad y Derechos privilegiamos siempre – sobre intereses particulares e incluso no coincidiendo en muchas decisiones- sostener y aportar a la realización del evento político más importante de nuestro movimiento.

Nuestra decisión de participar se mantuvo en pie este año. Sin embargo, decidimos expresar nuestras diferencias autoexcluyéndonos de la lectura del documento principal y de todo otro espacio que visibilizara una situación que consideramos ya  insostenible: la falta total de política por parte de la C.O.M.O.

Se trata de la capacidad de hacer política, de estar a la altura de la representación de las voces de un movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, de dejar de lado intereses particulares para acordar mínimos contenidos que nos sigan colocando con la fuerza de un sector que lucha por las libertades y contra las hegemonías de todo tipo.

Entendemos que en este contexto de retrocesos de derechos y de avance de la violencia estatal contra nuestra comunidad, la unidad es una necesidad indiscutible. El enfrentamiento es un lujo que no podemos darnos. El ejercicio de la violencia, como sucedió el año pasado contra el escenario de la marcha en el Congreso por parte de otrxs activistas LGBTIQ, es inadmisible.

“Nuestra decisión de participar se mantuvo en pie este año. Sin embargo, decidimos expresar nuestras diferencias autoexcluyéndonos de la lectura del documento principal y de todo otro espacio que visibilizara una situación que consideramos ya  insostenible: la falta total de política entendida como herramienta social de transformación por parte de la C.O.M.O.”

Desde esa concepción es que sentimos la responsabilidad de alertar sobre un funcionamiento que no está a la altura de las circunstancias y que resulta peligroso y funcional a quienes quieren menoscabar nuestros derechos, ya que nos aleja de nuestro sujeto político, deteriora nuestra representación y propicia la fragmentación de nuestra lucha.

 

Una muestra de ello fue la proliferación de “subconsignas”, (casi veinte), como si la única manera de sentirse representadx en esta Marcha fuera introducir absolutamente todas las ideas y reclamos de nuestro movimiento y de variados sectores sociales. ¡Imagínense el resto de las marchas de otros movimentos debiendo introducir todos los reclamos de todos los otros sectores! Quien asiste a una marcha, como organización, sector o individualmente, es porque se siente contenidx en la consignas principales y puede (si así lo desea) expresar sus ideas de otras y variadas formas, dentro de la propia Marcha. Así lo hacemos cuando participamos del 24 de marzo o en el Niunamenos y en las demás.

Esta ausencia de criterio político permitió también la introducción de reclamos que no gozan con el consenso absoluto de nuestro movimiento. ¿Quién puede estar en contra de reclamar contra los travesticidios, trasnfemicidios, crímenes de odio? Absolutamente nadie. No sucede lo mismo con otros temas, como el justo reclamo de quienes se consideran trabajadorxs sexuales, que entran en colisión con vastos otros sectores que propugnan la idea del cupo laboral trans o la también justa idea de que la prostitución es algo que violenta al colectivo trans.

Abogamos contra la criminalización de esa situación y no estamos en contra de ningún derecho de absolutamente ningún grupo, pero entendemos que nuestro reclamo urgente correspondía para el cupo laboral travesti trans y para la iniciativa #ReconocerEsReparar que permitiría compensar a las personas trans víctimas de violencia institucional.

La transformación de organizaciones LGBTI hacia estructuras burocráticas que atienden de los dos lados del mostrador, como Estado y como sociedad civil, que desvían recursos públicos que son de todxs en su propio y exclusivo beneficio, que no reparan en ser canal para incluso tercerizar, a la usanza del neoliberalismo, políticas que son de responsabilidad estatal no hacen más que reproducir violencias y ser funcionales al socavamiento del valor social, histórico y político que viene construyendo este movimiento desde hace décadas.

“Se trata de la capacidad de hacer política, de estar a la altura de la representación de las voces de un movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, de dejar de lado intereses particulares para acordar mínimos contenidos que nos sigan colocando con la fuerza de un sector que lucha por las libertades y contra las hegemonías de todo tipo.”

¿Qué tipo de unidad es necesaria y cómo la queremos construir? Tenemos el deseo de impulsar los debates y promover la participación y la diversidad a fin de que la Marcha cuente con la pluralidad y la fuerza necesaria para frenar cualquier paso atrás en nuestros derechos y contribuya a poner en la agenda pública las principales necesidades de nuestra comunidad.

Estamos convencidxs de que solo conquistaremos los derechos pendientes y  terminaremos con el machismo, el patriarcado y la homolesbotransfobia con la participación, la movilización y el compromiso de honrar el lugar histórico que elegimos tomar, al ser militantes por los derechos humanos.

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La Corte Suprema declaró inconstitucional la enseñanza religiosa y se fortalece el Estado laico

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100% Diversidad y Derechos celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que impide a la provincia de Salta impartir educación religiosa en las escuelas públicas en horario escolar y como parte del plan de estudios. Especialmente saludamos que en el fallo contra la educación religiosa y discriminatoria, la corte haya afirmado que: “no solo serán violatorias del principio de igualdad las normas que deliberadamente excluyan a determinado grupo, sino también aquellas que, como sucede en el presente caso, tienen comprobados efectos o impactos discriminatorios.”

En este sentido nos habíamos presentado en la causa como amicus curiae (amigo del Tribunal) destacó el carácter discriminatorio de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, en particular hacia estudiantes lesbianas, gays, bisexuales y trans cuyas identidades son patologizadas y estigmatizadas por el culto católico.

En el escrito presentado ante la Corte sostuvimos que “el colectivo LGTBI ha sufrido históricamente la discriminación ejercida desde el paradigma de una supuesta ´normalidad´ que jerarquiza las orientaciones sexuales e identidades de género considerando a la heterosexualidad en la cima de la valoración” Especificando que “ha sido la escuela el ámbito donde se a naturalizado la discriminación, producto de la construcción social arbitraria de esa ´normalidad´ que expulsa a lo ´diferente´, o cuanto menos nos obliga a asimilarnos para no ser excluidos/as.

Greta Pena, Presidenta de 100% Diversidad y Derechos celebro el fallo de la corte y expreso que “la visión de ciertos dogmas, en especial el que sostiene el culto católico, patologiza, estigmatiza y jerarquiza las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas y eso afecta el acceso al derecho a la educación de las estudiantes LGBT”.

La Encuesta Nacional de Clima Escolar, cuyos resultados confirmaron que la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las escuelas argentinas son un grave problema social y pedagógico que debe ser atendido de manera urgente por las autoridades educativas, incluyó un apartado específico sobre la provincia de Salta y el NOA. Al respecto Greta Pena destacó que “estudiantes LGBT de esa región del país reportaron el segundo mayor porcentaje de acoso verbal: un 31,3 % reportó haberlo sufrido de manera frecuente o muy frecuente en la escuela, haciendo referencia a insultos y agresiones verbales con pretexto de su orientación sexual o identidad de género, siendo que el promedio nacional es de 20,0%”.

Además, el mismo estudio señala que estudiantes de esa región reportaron el segundo menor porcentaje de recursos de apoyo comparado con el resto del país: apenas un 19,4% dijo que tenía 6 o más profesores o personal de apoyo en la escuela y tan solo un 17,6% reportó haber recibido información positiva sobre temas LGBT en la escuela.

Finalmente, desde 100% Diversidad y Derechos sostenemos que para mitigar el grave impacto de la violencia contra jóvenes LGBT es necesario impulsar políticas públicas que capaciten a las y los docentes y que incluyan contenidos positivos de temas LGBT en la currícula de todos los niveles educativos. Con las condiciones actuales, el sistema educativo prácticamente impide que niñxs y jóvenes trans tenga acceso a la educación. Para ello es urgente la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral (26.150) y de la Ley para la Promoción de Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en Instituciones Educativas (26.892).

Intervención de 100% Diversidad y Derechos en la audiencia de la CSJN como amicus curiae

Para leer el escrito de amicus curiae hacer clic aqui

 

 

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Audiencia en Diputados: exigimos la sanción de la nueva Ley de Vih

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Luego de que el bloque oficialista dejó sin estado parlamentario el dictamen de la nueva ley de vih -fruto de un proyecto de consenso de las organizaciones y aprobado por la Comisión de salud-, fuimos recibidos por el Diputado Nacional Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, y Fernando Sánchez, quienes se comprometieron a tratarlo este año entrante.

El pasado martes 5 de diciembre, luego de dos movilizaciones frente al Congreso de la Nación reclamando el tratamiento de la Nueva Ley de VIH, Hepatitis Virales e ITS, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH – que integra 100% Diversidad y Derechos entre otras organizaciones – finalmente fue recibido Lipovetzky y Fernando Sánchez, que dejará su banca en diciembre y pasará a cumplir funciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

No fue un buen año para la nueva Ley de Sida y Hepatitis. En noviembre de 2016 se presentó el proyecto en la Cámara de Diputados y en 2017 en el Senado. En diputados, el proyecto solo llego a obtener dictamen favorable de la Comisión de Salud pero nunca fue tratado en las otras dos comisiones donde tenía giro, Legislación General y Presupuesto. Ahora frente al recambio legislativo ese dictamen pierde vigencia y deberá ser tratado por los nuevos diputados. Es decir, hay que empezar todo desde cero. En ese contexto se realizó la reunión a la que también fueron invitadas otras organizaciones y representantes del Ministerio de Salud de la Nación y de la agencia ONUSIDA.

El motivo de la convocatoria que hicieron los diputados no fue del todo claro, sobretodo porque Lipovetzky este año se negó a poner en tratamiento el proyecto en la Comisión que preside, aun teniendo un amplio consenso entre los bloques. Así, intentaron inconsistentemente explicar las causas por las que no se trató, aduciendo cuestiones técnicas, etc.

Durante el encuentro, representantes del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH expresaron la necesidad del urgente tratamiento del proyecto, su aprobación y aplicación frente a situaciones que no pueden seguir esperando la aplicación de las políticas públicas que contiene. Además, se informó del texto consensuado con asesores de distintos bloques del Senado que expresa en una versión enriquecida. Los diputados se comprometieron a tomar como base el mencionado texto para darle tratamiento.

Al finalizar la reunión, una vez más recibimos el “compromiso político” de los representantes parlamentarios del Gobierno Nacional, en el marco de la pérdida de estado parlamentario del proyecto, para darle continuidad a los consensos legislativos y darle un rápido tratamiento. En ese sentido, se constituyó un ámbito de dialogo y articulación para darle seguimiento y se acordó un nuevo encuentro para la semana próxima con el objetivo de cerrar el contenido final del proyecto.

Desde 100% Diversidad y Derechos entendemos que el bloque oficialista en la Cámara de Diputados congeló el tratamiento de importantes proyectos de Ley que amplían, mejoran y reconocen derechos, como la de VIH, Hepatitis Virales e ITS, por eso, además del trabajo de incidencia política con los distintos bloques parlamentarios, seguiremos participando e impulsando la movilización y la denuncia pública. Sin respuestas concretas, seguimos diciendo #NoHayMasTiempo #NuevaLeydeVIHyHepatitsYa.

Síntesis del proyecto de #NuevaLeydeVIHyHepatitis*:

Tratamientos: Los hace sustentables, declarándolos de interés nacional para evitar faltantes de insumos e impulsando su producción pública.

Eliminación de la transmisión vertical: Profundiza su prevención y brinda especial protección a niñas, niños adolescentes y jóvenes que nacieron con el virus.

Ampliación del diagnóstico: Establece la no necesidad de una orden firmada por un médico/a para realizarse el test de VIH. Además deberá ser ofrecido en toda consulta clínica.

Derechos sociales para acceder a la salud:Políticas públicas para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad social y que mejoren las condiciones de adherir al tratamiento a través de pases de transporte gratuito, programas alimentarios, pensiones no contributivas, programas de vivienda, entre otros.

Reducción del estigma y la discriminación: Se prohíbe el testeo en el examen pre-ocupacional y se crea un observatorio nacional de estigma y discriminación por VIH.

Participación de las personas con VIH. Crea la Comisión Nacional Interministerial de VIH, Hepatitis virales y ETS con participación federal de las organizaciones de personas viviendo con VIH y ETS y con trabajo en VIH y ETS para asesorar sobre políticas públicas, incluyendo las directrices de prevención, diagnóstico, tratamiento y asistencia.

Vinculación al sistema de salud. Posterior al diagnóstico gratuito, confidencial y voluntario para un correcto seguimiento de la infección crónica.

Enfoque de Derechos Humanos. Aborda la respuesta al VIH/ SIDA de un modo integral, garantizando que la ley y sus normas complementarias se deban interpretar respetando los derechos humanos, los tratados internacionales y el nuevo Código Civil para que en ningún caso se afecte la dignidad de la persona y su entorno y/o se produzca cualquier efecto de marginación, estigmatización, degradación o humillación.

*Fragmentos/ adaptación de publicación de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP)

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Ataque homofóbico en la Marcha del Orgullo 2017: Las víctimas se presentaron como querellantes.

Con el acompañamiento de la Comunidad Homosexual Argentina y 100% Diversidad y Derechos, las tres víctimas del violento ataque perpetrado por un grupo de varones homofóbicos durante la desconcentración de la XXVI Marcha del Orgullo LGBTIQ se presentaron hoy como querellantes ante la jueza Paula Petazzi, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11 de Capital Federal. Se solicitó el encuadramiento del hecho en un crimen de odio basado en la orientación sexual y la expresión de género, la adopción de medidas de prueba y de protección, luego de que fuera liberado el único detenido por el ataque.

WhatsApp-Image-2017-11-19-at-00.32.47-682x1024El ataque ocurrió en la calle Montevideo, entre la Avenida Rivadavia y Bartolomé Mitre, el pasado sábado 18 de noviembre cuando un grupo de varones homofóbicos salió de una casa y al grito de “putos degenerados”golpeó con un palo de hockey y amenazó a participantes de la marcha del orgullo que se desconcentraban. Cerca de las 22, decenas de personas se concentraron en el lugar para repudiar la agresión hasta que se hizo presente el juez Pablo Ormachea, quien se encontraba de turno esa noche y ordenó el allanamiento y la detención de uno de los agresores.

La marcha del Orgullo LGBTIQ es el evento social y político más importante de la comunidad LGBTIQ.  En la Ciudad de Buenos Aires, desde hace 26 años confluyen celebración y reclamos en un evento multitudinario, pacífico, diverso y de reivindicación de los derechos humanos, siendo ese el contexto en el cual se produjo el ataque homofóbico. En ese sentido, la querella sostiene que la ley 26.791, conocida como “femicidios”, incorporó los crímenes de odio y por violencia de género, hacia la identidad de género, la orientación sexual y/o expresión de género (artículos 80 y 81 del Código Penal modificados), estando también esos agravantes vigentes para los delitos de lesiones, entre otros (arts. 89, 90, 91 y 92 del CPN). Así, el escrito sostiene que “La violencia ejercida por los autores de los hechos denunciados y llevados a cabo contra el colectivo LGBTIQ, son actos de odio hacia nuestra identidad de género, expresión de género y orientación sexual”.

Representantes de las organizaciones sostuvieron que estos no son hechos aislados. Cesar Cigliutti, presidente de la CHA, expresó que “en los últimos dos años se duplicaron las denuncias de agresiones y ataques por orientación sexual en espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Existen discursos y expresiones de odio hacia la diversidad sexual que son legitimadas o naturalizadas desde sectores de poder, ya sean religiosos, de medios de comunicación o del Estado que le dan marco a la violencia homofóbica”. Por su parte, Martín Canevaro, Secretario General de 100% Diversidad y Derechos sostuvo que “Los ataques homofóbicos a compañeros que se desconcentraban de la Marcha del Orgullo fueron aleatorios, por eso deben entenderse como actos de odio a nuestra orientación sexual, identidad de género o su expresión. Por ello, para erradicar la violencia y la discriminación hay que transformar la educación y la cultura a través de una Ley Antidiscriminatoria que incluya el respeto a la diversidad y la no discriminación en los contenidos educativos”.

En el escrito, además, se explica que “los crímenes de odio están entre los muchos tipos de crímenes que reciben pocas denuncias cada año. Con frecuencia, la razón que dan las víctimas de un crimen de odio es que eligen guardar silencio acerca del incidente en lugar de denunciarlo a las autoridades pertinentes, debido a la mala actitud y la minimización de estos hechos que son llevadas a cabo a priori por parte de las autoridades policiales, fiscales y judiciales intervinientes”. En ese sentido se hace referencia a las recomendaciones que Naciones Unidas y la CIDH realizan respecto del acceso a la justicia de las personas LGTBIQ, entre las cuales se encuentran “adoptar medidas para garantizar que desde el inicio de la investigación se examinen los motivos detrás de la violencia, y que se abran líneas de investigación que permitan analizar si el crimen se basó en la orientación sexual o la identidad de género de la víctima o víctimas”, también esos organismos recomiendan atender “la naturaleza o significado del lugar donde se desarrolló la violencia o incidente…” y si “la víctima o víctimas habían estado con una pareja o grupo de personas LGBT cuando la violencia ocurrió”.

La querella de las víctimas es llevada por la abogada y activista lesbiana feminista, Luciana Sánchez como parte de un trabajo de articulación entre 100% Diversidad y Derechos, la Comunidad Homosexual Argentina y el Colectivo por la Diversidad (COPADI).

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Ataque homofóbico a Jonathan Castellari: Acompañamos denuncia judicial y se espera pronta identificación de los agresores

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Hoy se presentó anta la UFEM la denuncia por el brutal ataque homofóbico perpetrado por una patota de varones contra Jonathan Castellari (25), integrante de Ciervos Pampas Rugby Club.  El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes pasado en el estacionamiento de un conocido local de comidas rápidas, ubicado en la Av. Córdoba y Medrano.

Sebastián Sierra, amigo de Jonathan presente en el momento de la agresión, acompañado por representantes de Ciervos Pampas y 100% Diversidad y Derechos fue recibido por la Fiscal Federal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres(UFEM) y personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) del Ministerio Publico Fiscal. Luego de la audiencia se tomaron las declaraciones correspondientes para iniciar la investigación preliminar del violento ataque.

El objetivo inmediato es la identificación de los agresores y su puesta a disposición del juzgado que intervenga en la causa. Luego de que prestara declaración Sebastián Sierra y el integrante de Ciervos Pampas, Caio Varela se dispusieron las medidas de prueba necesarias a tal fin.

Además, se solicitó que la intervención de la Unidad Fiscal especializada determine las posibles responsabilidades del accionar policial. Según testigos, luego de la brutal agresión por la que el joven Jonathan Castellari continúa internado en el Sanatorio Güemes, cuando la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar los violentos permanecían comiendo en el local sin que mediara una intervención de la fuerza para identificarlos y detenerlos.

Finalmente, las organizaciones LGBT concurrimos a la UFEM con el objetivo de asegurarle a las victimas la debida diligencia frente a la violencia por orientación sexual, esperando una investigación preliminar que visibilice el carácter estructural del fenómeno de la discriminación y entienda que las lesiones a Jonathan Castellari deben ser agravadas por el odio a la orientación sexual ya que no fueron la consecuencia de una pelea sino de un brutal ataque homofóbico.

Al cierre de este comunicado, la UFEM, que próximamente le tomará declaración a Castellari, informó a las organizaciones que la instrucción de la causa estará a cargo de la Fiscal María Paula Asaro, subrogante en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional N° 49, de la que se espera que, en base a los primeros resultados de las medidas de prueba, identifique prontamente a los agresores.

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La violencia en parejas de lesbianas, invisibilización y desprotección

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Eternas e incansables luchas de muchos sectores en tiempos y lugares diferentes, han logrado que la sociedad entera hable sobre la violencia de género, una violencia que por mucho tiempo no salía de las cuatro paredes de la casa y que, en los últimos años, se fue haciendo urgente el encontrar respuestas desde el Estado para erradicarla.

Hoy, cuando una mujer sufre violencia por parte de un varón, la legislación permite poner en marcha recursos y mecanismos que la protegen.

¿Qué ocurre con las parejas de lesbianas?

La violencia física y psicológica entre parejas del mismo sexo EXISTE aunque la mayoría de la veces quede invisibilizada, al igual que nuestras relaciones. Hoy en día, se la considera como violencia doméstica y quienes viven esta situación no pueden ampararse bajo la ley integral contra la violencia de género, ya que la misma se aplica exclusivamente al maltrato de un hombre hacia una mujer. Y cabe considerar que dichas relaciones lésbicas violentas, también se deben a como el patriarcado atraviesa las mismas.

En las relaciones lésbicas, también se reproducen roles de dominación, sumisión y control de una persona sobre la otra. Si bien las personas LGTBI+ no solemos identificarnos con los roles asignados tradicionalmente a la mujer y al hombre, esto no significa que estemos exentas de desarrollar determinadas actitudes de posesión.

Nuestras relaciones lésbicas siguen siendo subestimadas, hecho que hace más difícil que las lesbianas que sufren violencia, puedan manifestarla. Como un círculo que parece no romperse jamás, las lesbianas hoy nos encontramos en la misma situación que las mujeres heterosexuales décadas atrás, antes de que la violencia de género se hiciera visible y se transformara en un hecho político y no privado.

En un mundo de etiquetas sociales, también se necesita identificar a la violencia con un género. Por eso es que creemos firmemente que la respuesta política hacia la violencia no debería depender de la orientación sexual de la pareja.

Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es necesario también exigir una solución a este problema devenido en paradoja, recursos para atender a las víctimas y la visibilización social de un fenómeno sobre el que no hay estadísticas: es una violencia que permanece en el anonimato.

 

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Reparación a las personas trans víctimas de violencia institucional: presentamos el proyecto #ReconocerEsReparar en el Senado

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El pasado jueves 16 de noviembre, en vísperas de la XXVI Marcha del Orgullo LGBTIQ, más de 30 organizaciones LGBT, entre ellas 100% Diversidad y Derechos, presentaron el proyecto de ley #ReconocerEsReparar en el Senado de la Nación. El proyecto consiste en una reparación histórica a personas travestis y trans víctimas de la violencia institucional promovida por las fuerzas de seguridad, especialmente aquellas a las que se les aplicaron de manera sistemática los edictos policiales.

La presentación se inició con las palabras de Norma Giraldi (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual – ALITT), Alba Rueda (Mujeres Trans Argentinas) y Flavia Flores (Centro de Estudiantes del Bachillerato Popular Mocha Celis) quienes fueron acompañadas en el estrado por las senadoras Sigrid Kunat (Entre Ríos), María Teresa Margarita González (Formosa) y Marina Raquel Riofrío (San Juan) firmantes del proyecto de Ley que ya reunió el apoyo de 11 senadorxs.

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La norma – de aprobarse – crea un régimen de reparación económica a las personas trans que por su identidad de género fueron privadas de su libertad por la aplicación de los edictos de policía o por cualquier otro acto emanado de las fuerzas de seguridad que implique una violación a sus derechos humanos.

En Argentina la identidad travesti trans fue considerada un delito. Miles de personas fueron encarceladas, maltratadas, violentadas y discriminadas por las fuerzas de seguridad por la sola circunstancia de expresar una identidad de género no normativa. Era habitual y sistemática la criminalización mediante la aplicación de los edictos del art. 2 incs. “F”, “H” e “I”.

Específicamente el artículo 2° F criminalizaba a ‘los que se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo contrario’ y el artículo 2° H a ‘las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieren al acto carnal’. Muchas provincias argentinas hicieron expresa mención al “travestismo” como indicador contravencional, asociado a la prostitución. Así, por citar algunos ejemplos, el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires (art. 92 inc. E, ley 8031/73); el código de faltas de Catamarca (art. 101); el código de faltas de La Rioja (art. 60, ley 7026) o el código de faltas de Mendoza (art. 80, ley 3365), entre otros.

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Durante la presentación, que fue acompañada por una nutrida convocatoria, también hicieron uso de la palabra Martín Canevaro (100% Diversidad y Derechos), Daniela Ruiz (Compañía Teatral Siete Colores), Paula Arraigada (Parlamento de las Mujeres), Mauro Cabral (Justicia Intersex), Lara Bertolini (Activista Trans), Penélope Gutiérrez (Conurbano para la Diversidad), Ana Colombero (Abosex) y la activista feminista Paula Viturro.

También se proyectaron videos con el testimonio de compañeras travestis y trans sobrevivientes de aquella época y se recuperó la palabra de Marlene Wayar quién tuvo la idea originaria de asegurar que las personas trans cuyos derechos fundamentales fueron violados por la aplicación del Reglamento de Procedimientos Contravencionales y Edictos Policiales tengan acceso a una plena y adecuada reparación de tipo pecuniaria. Las históricas activistas del movimiento travesti argentino Lohana Berkins y Diana Sacayan también estuvieron presentes en las proyecciones e intervenciones de quienes hicieron uso de la palabra.

Lxs 11 senadorxs que suscribieron el proyecto #ReconocerEsReparar fueron: Sigrid Kunat (Entre Ríos), María Teresa Margarita González (Formosa), Marina Raquel Riofrío (San Juan), Magdalena Odarda (Río Negro), Liliana Fellner (Jujuy), Norma Durango (La Pampa); Juan Manuel Abal Medina (Buenos Aires), Marcelo Fuentes (Neuquen), Beatriz Mirkin (Tucuman), Inés Pilatti Vergara (Chaco) y Silvina Marcela García Larraburu (Río Negro).

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Para leer y descargar el proyecto hacer clic aquí

 

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