Luego de 30 años de democracia y de los importantes avances en materia de memoria, verdad y justicia el objetivo de esta nota es reflexionar sobre la violencia estatal contra lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGTB) durante la dictadura cívico militar, todavía hoy en democracia y el nuevo horizonte que abrió el reconocimiento de la igualdad jurídica de la diversidad sexual en la Argentina. Partimos de reconocer que el autoritarismo no fue solamente político sino también moral. La represión al pueblo no excluyó la persecución a lesbianas, gays y personas trans como parte de los dispositivos de disciplinamiento social, político y sexual, principalmente de la juventud.
Desde su exilio en España, Héctor Anabitarte (uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual – FLH) señaló que el grupo Nuestro Mundo envió el 17 de marzo de 1977 un comunicado a los medios de comunicación denunciando los arrestos arbitrarios que sufrían los homosexuales bajo la dictadura y cómo se los obligaba a firmar por la fuerza declaraciones incriminatorias, como el “2doH”. Similares denuncias realizó Néstor Perlongher desde Brasil, señalando la existencia de una “limpieza moral” (Boletín do Grupo Gay Da Bahía. N. 1, 8/1981).
Las razzias policiales a partir de 1981 llegaron incluso a lugares considerados relativamente seguros para gays y lesbianas. En febrero de ese mismo año la Prefectura irrumpió en una isla del Tigre, deteniendo a 340 homosexuales (Perlongher, 1981). Y en noviembre del mismo año, pese a que había muchos turistas, la policía realizó una razzia en la Plaza Dorrego, el corazón del tradicional barrio San Telmo, y arrestó a un cantante y a otras veinte personas. “La justificación policial fue que hay mucha gente amoral, homosexuales y ese tipo de gente en la Plaza” (The Buenos Aires Herald 7/11/1981).
Valeria Ramírez, quien estuvo detenida durante la dictadura cívico militar en el centro clandestino conocido como «El Pozo» de Banfield, brindó a principios de 2011 su testimonio ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), convirtiéndose así en el primer caso en que una persona travesti declaró ante ese organismo.
La represión de la dictadura cívico militar hacia las personas LGTB no ha sido visibilizada ni procesada socialmente, tampoco ha formado parte de ninguna causa judicial. Por eso, entre las asignaturas pendientes, y en el marco del derecho a la verdad, reivindicamos el derecho a conocer, a saber qué paso con los detenidos desaparecidos LGTB, cómo influyó la orientación sexual e identidad de género en la represión; y a reconstruir sus historias militantes e indagar sobre la relación entre homofobia y organizaciones populares, etc.
En este análisis no se trata de ignorar el carácter condicionado con el cual reconquistamos la democracia en Argentina y las enormes heridas que nos dejó, donde la lucha por memoria, verdad y justicia fue el camino necesario que hubo que recorrer para comenzar a repararlas y abrir nuevas perspectivas, como las que hoy estamos protagonizando. Pero tampoco se trata de ignorar que ya en democracia, si bien nuestra constitución nacional establece que “todos sus habitantes son iguales ante la ley” a las lesbianas, gays, bisexuales y trans no se nos reconoció esa igualdad hasta hace muy poco tiempo. Esto, claramente, constituyó un déficit democrático que fue tan naturalizado como invisibilizado.
Ubicar las reivindicaciones del movimiento LGTB en el marco de los derechos humanos fue un largo proceso. Durante muchos años la variable de la diversidad sexual y de género no fue parte de la agenda, fuimos invisibilizados, limitados en el debate público a la orbita de la salud y el VIH, donde se patologizó y criminalizó a nuestras identidades. La decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 17 de mayo de 1990 de retirar la homosexualidad de su listado de enfermedades mentales y la campaña mundial para instituir ese fecha como Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género contribuyó enormemente a que se incorporen estas nociones en el plano de los derechos humanos.
Solo para tomar como referencia, recién en el año 2007 se inició el proceso de reformas que eliminaron de los Códigos Contravencionales y de Faltas los artículos que abiertamente penalizaban la homosexualidad y el travestismo, utilizados para criminalizar nuestras identidades en manos de las policías provinciales, que dieron lugar a innumerables razias, detenciones arbitrarias y tratos crueles.
Independientemente de esto, actualmente, se siguen utilizando otras figuras abiertas de los Códigos de Falta y/o Contravencionales y la prerrogativa policial para detener por averiguación de antecedentes o identidad para perseguir a la población LGTB, especialmente a personas trans en situación de prostitución. Las detenciones, obviamente, no buscan conocer la identidad o los antecedentes de las personas sino que funcionan como un modo de disciplinamiento social, pretendiendo establecer un patrón valorativo sobre la actitud, la vestimenta y el aspecto de las personas que pasan a ser sospechosas según el criterio policial. Una de las finalidades de estos dispositivos es la expulsión del uso del espacio público de quienes recurren a él para subsistir y para permitirlo pretenden obtener a cambio el pago – bajo coerción – de coimas y comisiones.
Antes, inclusive, el Estado negó a lesbianas, gays y trans uno de los derechos democráticos más elementales como lo es el derecho mismo de asociarse, situación que solo fue revertida cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó otorgarle la personería jurídica a ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual) y a la CHA que habían sido negadas por la Inspección General de Justicia (IGJ).
La lucha de los organismos de derechos humanos y los enormes avances en la materia le dieron contexto – y un marco de posibilidad – a la inclusión en la agenda pública de otras reivindicaciones, como las de la diversidad sexual. En un contexto histórico de ampliación de derechos la lucha del movimiento LGTB hizo sinergia con la política y el 15 de julio de 2010 nuestro país dio una vuelta de página en su historia, convirtiéndose en el décimo país en el mundo en reconocer por Ley el derecho a contraer matrimonio civil a las parejas del mismo sexo y el primero en América Latina. Hoy esa lista asciende a quince países y en tres más se lo reconoce por vía judicial. Luego se aprobó la Ley de Identidad de Género que esta a la vanguardia internacional por su carácter no patologizante, que vino – en alguna medida – a reparar décadas de exclusión de los derechos más básicos que constituyen la ciudadanía de la población trans.
La sanción de estas leyes comenzaron a poner fin a la peor forma en la cual se expresa la discriminación: que es la discriminación institucional, la generada por el propio Estado cuando “obstruye, restriñe o de algún modo menoscaba el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional”. Transformar la igualdad jurídica conquistada en igualdad social es el desafió actual, una igualdad real donde ser lesbiana, gay, bisexual, trans o heterosexual no implique una valoración diferenciada sino simplemente identidades sexuales que todas las personas podemos expresar en libertad e igualdad sin que implique costos en los distintos espacios de sociacibilización, comenzando por la familia y siguiendo por la escuela, el trabajo o el espacio público.
La discriminación por orientación sexual e identidad de género sigue siendo un grave problema social en la Argentina porque está asentada en prejuicios muy arraigados en la cultura. Es necesario seguir trabajando para superarlos y dejarlos definitivamente atrás.
A 30 años de democracia el balance es claramente positivo, tenemos mucho que festejar y celebrar con la alegría, además, de que todos y cada uno de los logros como el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género, el reconocimiento de la diversidad familiar, entre tantos otros, fueron posibles por el trabajo de nuestras organizaciones, lo que también quiere decir que como sociedad civil formamos parte protagónica de nuestra democracia. Desde 100% Diversidad y Derechos invitamos y nos invitamos a seguir participando y a comprometernos con nuestro tiempo, asumiéndonos, todos y todas, como sujetos protagonistas de nuestro propio destino,
Uno de los pilares de la democracia es el derecho a elegir y ser elegido. En ese sentido la despatologización y descriminalización de lesbianas, gays, bisexuales y trans tanto como el reconocimiento de nuestros derechos civiles contribuyen a la construcción de una sociedad donde todos y todas, independientemente de nuestra orientación sexual e identidad de género seamos elegibles, legales y socialmente valorados.
100% diversidad y derechos 