Desde 100% Diversidad y Derechos promovimos una acción de amparo para que se garantice el derecho de acceso a la información pública como un instrumento para ejercer el derecho a la verdad de toda la comunidad LGBTI+, a conocer su historia y a preservar del olvido la memoria colectiva sobre la represión estatal contra nuestra comunidad.

En la causa caratulada “Abrate Blanca y otros sobre Corrupción y Asociación Ilícita” se juzgaron hechos ocurridos en la década de 1940 en Argentina, luego de que las autoridades del Colegio Militar de la Nación tomaron conocimiento de que varios cadetes miembros de su institución mantenían relaciones sexo-afectivas con otros varones civiles, desataron una persecución a través del aparato estatal contra un grupo de amigos compuesto, principalmente, por varones homosexuales.

Como consecuencia de ello se detuvo a un joven fotógrafo amateur de nombre Jorge Horacio Ballvé Piñero. En su departamento secuestraron cartas de puño y letra que intercambiaba con algunos de los cadetes del Colegio Militar; y más de 200 fotos (tomadas por Ballvé cuando él mismo era menor de edad), las que captaron momentos de ocio de Ballvé Piñero y sus amigos y otras retrataron a hombres posando a la cámara, algunos vestidos y otros desnudos. Tanto las cartas como las fotos fueron utilizadas como las principales pruebas para condenar al grupo de amigos, entre los que se encontraba, entre otros, Adolfo José Goodwin (y, al mismo tiempo, entender que los cadetes militares eran sus víctimas) por “corrupción de menores” y “asociación ilícita”.

Adolfo José Goodwin, amigo de Jorge Horacio Ballvé Piñero, también fue condenado.

En el mes de febrero del año 2020, el historiador y dramaturgo Gonzalo Demaría publicó el libro titulado “Cacería. Una historia real”, donde reconstruyó los hechos del caso Ballvé Piñero a través de la autorización obtenida por parte del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 para acceder al expediente, bajo la condición de no reproducir las fotos que obran allí como material probatorio.

Ante esta restricción, desde 100% Diversidad y Derechos presentamos un pedido de acceso a la información pública en los términos de la Ley N° 27.275 para poder acceder y difundir el expediente original en su totalidad. También solicitamos que se digitalice para garantizar su correcta preservación.

Ante la infundada denegación de este pedido y la restricción para reproducir cualquier documento del expediente, promovimos una acción de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal la cual se encuentra tramitando como proceso colectivo y pendiente de resolución.

El expediente de la causa conocida popularmente como “el escándalo de los cadetes” o “proceso Ballvé Piñero”, constituye un registro de la violación a los derechos humanos de la comunidad LGBTI+ en Argentina. Su contenido preserva las huellas del accionar estatal, las cuales evidencian la patologización y criminalización de la homosexualidad en la década de 1940. Estos hechos tuvieron especial repercusión en su época y trascendieron a la actualidad como uno de los hitos expresivos de la homofobia de Estado en nuestro país y en la región.

Por tratarse de un caso testigo de la persecución estatal hacia las personas LGBTI+, este expediente en su totalidad resulta una pieza fundamental en el proceso de recuperación y construcción de la memoria colectiva de nuestra comunidad. Allí radica nuestro interés en esta causa y es lo que nos motivó a solicitar que el Estado autorice su libre circulación, para que todes podamos conocerla, acceder a ella y valorarla.

Sin embargo, la jerarquización histórica de los individuos en base a su orientación sexual, identidad de género y/o su expresión de género, continúa teniendo efectos concretos que se traducen en barreras específicas para acceder a nuestros derechos. Ello incluye dificultades para ejercer de manera plena y efectiva el derecho a la verdad y exigirle al Estado que adopte las medidas necesarias para cumplir con su obligación de preservar la memoria histórica.

En este sentido, los obstáculos en la búsqueda de justicia incluyen comportamientos negligentes y prejuiciados del personal encargado de hacer cumplir la ley, así como actitudes discriminatorias de jueces, juezas y otras/os funcionarias/os dentro del sistema de administración de justicia. Por ello, las y los operadores de justicia deben recibir entrenamiento especializado que les permita respetar la dignidad de los miembros de la comunidad LGBTI+ cuando han sido víctimas de violaciones de derechos humanos; otorgarles la participación adecuada en los procesos; y asegurar su acceso pleno a la justicia, en aras de prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, de acuerdo con la obligación internacional de responder con debida diligencia a estas violaciones.

Ahora bien, la dimensión social del derecho a la verdad abarca el derecho de toda la sociedad a recibir información y a conocer las circunstancias en que se produjeron las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, implica el deber de recordar que incumbe al Estado para resguardar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas.

Por ello, el derecho imprescriptible a conocer la verdad sobre los crímenes cometidos en el pasado se constituye como un elemento fundamental de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Así, el derecho a la verdad encuentra un instrumento primordial para su desarrollo en el derecho a la información, ya que implica una garantía indispensable para facilitar el conocimiento de los hechos ocurridos y, al mismo tiempo, asegurar la implementación de medidas de no repetición.

Para cumplir con su obligación de preservar la memoria, los Estados tienen el deber de crear o recuperar y gestionar sustentablemente los archivos públicos destinados a recopilar y sistematizar la información referida a la vulneración de los derechos fundamentales. El acceso a estos archivos, y a toda otra información al respecto que esté bajo custodia estatal, se rige por el principio de máxima divulgación, que establece que la regla es el acceso y, sólo excepcionalmente, pueden imponerse restricciones.

Para ello, se requiere un trabajo en conjunto con las comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil para preservar, clasificar y sistematizar los registros conservados.

De esta forma, la búsqueda de la verdad histórica y la difusión de las fuentes primarias que registran los hechos aberrantes sucedidos en el pasado, se constituyen como garantía necesaria -aunque no suficiente- de que no sucederán nunca más.

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